L D (Agencias) Según fuentes judiciales, el inspector imputado, que declaró asistido de un abogado del Estado, reconoció haber leído sus derechos a los dos militantes cuando llegaron a comisaría con el fin de respetar todas las garantías.
El funcionario defendió la existencia de indicios sobrados de delito tras visionar las imágenes grabadas por la televisión sobre el incidente sufrido por Bono. Para el agente, la actuación de Barrios y De la Cruz podría constituir, de forma indiciaria, un delito del artículo 550 del Código Penal, que señala que son reos de atentado "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas". Sin embargo, Bono ha repetido en varias ocasiones que acudió a la manifestación como "ciudadano", porque si hubiera acudido como autoridad tendría que haber ido detrás de la pancarta principal, lugar reservado para las personalidades para proteger su seguridad.
Durante el interrogatorio, en el que fueron visionados los vídeos de la supuesta agresión sufrida por el ministro, el mando policial relató que Barrios fue citado telefónicamente y que él mismo propuso localizar por su parte a De la Cruz. Dijo que se ofreció a Barrios que compareciera a la hora que él quisiera y que se puso un coche a su disposición, que le recogió en un lugar distinto a su domicilio. Una vez en comisaría, se leyeron sus derechos como detenidos a los dos militantes y, tras prestar declaración, ambos salieron en coche de policía para que pudieran evitar a los fotógrafos de prensa. Según fuentes de la acusación, el inspector no ha aclarado por qué decidió citar a Barrios concretamente, siendo varias las personas que aparecían en las fotografías publicadas en la prensa sobre el incidente.
Sustituyó a otro inspector
El mando policial reconoció que sustituyó a otro inspector que había iniciado las diligencias y que conocía que el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, había hecho unas declaraciones sobre posibles detenciones en la prensa, aunque afirmó que esto no tenía nada que ver con la investigación que él realizaba, según esta parte. También dijo que él sólo trató el asunto con su superior, el Comisario Jefe de la Brigada de Información Provincial.
Por su parte, los dos afiliados del PP mantuvieron una versión contraria a la del funcionario policial durante su declaración ante el juez Valle. Manifestaron que acudieron a la manifestación convocada por la AVT a título particular y que se vieron detenidos "sin saber ni cómo ni por qué", según fuentes jurídicas, ya que no se les informó de las razones. Ambos reconocieron que se encontraban a una distancia "nunca muy cercana" del ministro, si bien pasaron a su lado. Dijeron que llegaron en coche policial a la comisaría, que allí se enteraron que estaban detenidos, tras verlo reflejado en los documentos, y que recibieron un trato "correcto". Los militantes añadieron que vivieron "una situación de angustia durante mucho tiempo" y que están muy afectados.
El PP ratifica la denuncia
Por su parte, Granados manifestó a las puertas de los Juzgados que la razón de su presencia fue ratificar la denuncia presentada por el PP por lo que desde un primer momento han considerado "una detención absolutamente ilegal". Dijo que lo único que conoce es que los militantes fueron identificados a través de los medios de comunicación y que "será interesante saber" cómo se logró dicha información.
Fuentes jurídicas señalaron que no se descarta que el juez Valle realice nuevas citaciones para tratar de aclarar los hechos, que podrían afectar a los superiores del inspector imputado y no se descarta que al propio delegado del Gobierno. La supuesta agresión al ministro Bono es investigada en otro juzgado, el número 42 de Madrid, cuyo titular, Agustín Morales, se encuentra a la espera de que se le remitan los fotogramas de la grabación del incidente que realizó un medio de comunicación. También se ha presentado ante dicho juzgado una persona que dice haber sido testigo de la agresión al ministro, aunque todavía no se le ha citado a declarar.