LD (Agencias) El Ministerio Fiscal ha presentado un recurso de reforma contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, que citó a declarar como imputados a Alberto Alcocer y Alberto Cortina por una carta que denunciaba falso testimonio contra ellos en el caso Urbanor.
El escrito indica que la resolución es "temprana" y "aventurada" , pese a que el auto del Juzgado de Instrucción argumentaba que seguía las pautas marcadas en octubre por otro auto de la Audiencia Provincial.
La citada misiva, enviada por el arquitecto Pedro Sentieri al constructor Julio San Martin, en la que supuestamente ambos pactaban su actuación contra "los Albertos", apareció en el buzón de la editora y documentalista Gloria Alvarez y motivó que, posteriormente, tras la actuación del Ministerio Fiscal, Cortina y Alcocer acusaran a San Martín y Sentieri de prestar "falso testimonio".
La decisión actual del Juzgado se produce como consecuencia de otro auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó archivar –en diciembre de 2004– las actuaciones contra Sentieri y San Martín en el "caso Urbanor", al considerar que esta carta, que les incriminaba en un supuesto delito de falso testimonio contra Cortina y Alcocer, no es concluyente y plantea múltiples dudas.
Sin embargo, el Fiscal cree en su escrito que , "a la vista de lo instruido", caben argumentos de imputación para Gloria Álvarez Aguarón, editora que encontró la carta en su buzón, pero no para Cortina y Alcocer, "que intervinieron, en principio, de acuerdo con un interés de esclarecimiento de los hechos". La citación de Cortina y Alcocer tiene como "finalidad" el poder ejercer "su hipotética defensa" aunque –concreta el escrito del Fiscal– "no es menos cierto que supondría, en el caso de que no existieran suficientes argumentos de imputación, un obvio y evidente perjuicio".
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor –entre ellos Sentieri y San Martín– al negociar la venta de la sociedad, ya que consiguieron por su participación un precio que duplicaba al que recibieron los pequeños accionistas. Los financieros pagaron a los constructores más de 4.500 millones de las antiguas pesetas y presentaron un aval de similar cuantía en concepto de intereses, aunque todavía no han ingresado en prisión , dado que el Constitucional suspendió a mediados de 2003 su entrada en la cárcel, al aceptar el recurso de amparo.
El escrito indica que la resolución es "temprana" y "aventurada" , pese a que el auto del Juzgado de Instrucción argumentaba que seguía las pautas marcadas en octubre por otro auto de la Audiencia Provincial.
La citada misiva, enviada por el arquitecto Pedro Sentieri al constructor Julio San Martin, en la que supuestamente ambos pactaban su actuación contra "los Albertos", apareció en el buzón de la editora y documentalista Gloria Alvarez y motivó que, posteriormente, tras la actuación del Ministerio Fiscal, Cortina y Alcocer acusaran a San Martín y Sentieri de prestar "falso testimonio".
La decisión actual del Juzgado se produce como consecuencia de otro auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó archivar –en diciembre de 2004– las actuaciones contra Sentieri y San Martín en el "caso Urbanor", al considerar que esta carta, que les incriminaba en un supuesto delito de falso testimonio contra Cortina y Alcocer, no es concluyente y plantea múltiples dudas.
Sin embargo, el Fiscal cree en su escrito que , "a la vista de lo instruido", caben argumentos de imputación para Gloria Álvarez Aguarón, editora que encontró la carta en su buzón, pero no para Cortina y Alcocer, "que intervinieron, en principio, de acuerdo con un interés de esclarecimiento de los hechos". La citación de Cortina y Alcocer tiene como "finalidad" el poder ejercer "su hipotética defensa" aunque –concreta el escrito del Fiscal– "no es menos cierto que supondría, en el caso de que no existieran suficientes argumentos de imputación, un obvio y evidente perjuicio".
Alberto Cortina y Alberto Alcocer fueron condenados por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor –entre ellos Sentieri y San Martín– al negociar la venta de la sociedad, ya que consiguieron por su participación un precio que duplicaba al que recibieron los pequeños accionistas. Los financieros pagaron a los constructores más de 4.500 millones de las antiguas pesetas y presentaron un aval de similar cuantía en concepto de intereses, aunque todavía no han ingresado en prisión , dado que el Constitucional suspendió a mediados de 2003 su entrada en la cárcel, al aceptar el recurso de amparo.