LD (EFE) La mayor parte de los escritos de acusación, presentados ya ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, aluden también la responsabilidad que se puede derivar de la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Agencia Tributaria.
En estos momentos, el juzgado del que es titular Teresa Palacios ha de decidir precisamente sobre varios recursos presentados para que sean imputados responsables de la CNMV y un auditor de la compañía Deloitte & Touche, quien informó de las cuentas de esta agencia de valores.
Antes de que Palacios resuelva estos recursos, las acusaciones particulares han acusado a una treintena de personas relacionadas con el caso Gescartera, investigado desde junio del 2001 en la Audiencia Nacional tras la intervención de la agencia de valores por parte de la CNMV.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, en este caso existen más de cuatro mil clientes afectados con un total aproximado de 50,22 millones de euros (8.356 millones de pesetas). Uno de los clientes más afectados fue la Mutualidad de la Policía (MUPOL), representada por el abogado Luis Mesas, quien acusa en su escrito a 24 personas con la intención de recuperar 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas).
En estos momentos, el juzgado del que es titular Teresa Palacios ha de decidir precisamente sobre varios recursos presentados para que sean imputados responsables de la CNMV y un auditor de la compañía Deloitte & Touche, quien informó de las cuentas de esta agencia de valores.
Antes de que Palacios resuelva estos recursos, las acusaciones particulares han acusado a una treintena de personas relacionadas con el caso Gescartera, investigado desde junio del 2001 en la Audiencia Nacional tras la intervención de la agencia de valores por parte de la CNMV.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, en este caso existen más de cuatro mil clientes afectados con un total aproximado de 50,22 millones de euros (8.356 millones de pesetas). Uno de los clientes más afectados fue la Mutualidad de la Policía (MUPOL), representada por el abogado Luis Mesas, quien acusa en su escrito a 24 personas con la intención de recuperar 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas).
Les siguen, en cuanto a cantidad de pena solicitada, el consejero delegado de Gescartera, José Manuel Pichel, y el directivo Juan Ignacio Casanova -de 10 a 16 años de prisión-; el apoderado Francisco Javier Sierra de la Flor, el asesor fiscal Agustín Fernández Ameneiro, el principal comercial Anibal Sardón y el directivo Carlos Pascual Ortín -todos ellos, de 8 a 15 años-. También figuran como acusados por los particulares, en los diferentes escritos, el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil -de 8 a 13 años-, el responsable de informática Miguel Angel de Vicente -de 8 a 10 años-, sus hermanos Pedro y francisco Javier -de 4 a 10 años-, el chófer de José Sanz Guijarro -de 4 a 10 años de cárcel- y la mujer del principal imputado Laura García Morey -de 8 a 11 años-.
Las acusaciones particulares, entre las que se encuentran las de los abogados Carmen Rodríguez, Luis Alberto López y Andrés Vilacoba, van más allá de los cargos del Ministerio Fiscal contra las entidades financieras relacionadas con la trama de Gescartera . Al igual que Anticorrupción, demandan penas de cárcel para Miguel Carlos Prats y José Alfonso Castro, empleados de la Caixa en Majadahonda (Madrid), aunque de cuatro a doce años -en vez de los tres solicitados por el ministerio fiscal-. Además, presentan cargos contra empleados del HSBC (Salvador Pastor -8 a 11 años-, José Antonio Alberquilla -de 4 a 8 años-, Jaime Galobart -de 3 a 10 años), de Bankinter (Maria Esther Cubillas Rodríguez e Ignacio Nuñez, de 3 a 8 años) y de Deutsche Bank (Agustín Fernández Muñoz, de 2 a 8 años).
En cuanto a la responsabilidad civil , los escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 relatan una veintena de sociedades relacionadas con los propietarios y directivos de Gescartera y apuntan la responsabilidad civil subsidiaria a los bancos Caja Madrid, La Caixa, HSBC, Bankinter y Deutsche Bank. Algunas de ellas citan también a la responsabilidad civil de la ONCE, dado que el consejero delegado de Gescartera fue director de la Fundación de la Organizacion Nacional de Ciegos Españoles, y a la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, por la actuación de CNMV y Agencia Tributaria.