LD (EFE) Caldera ha hecho balance del proceso de regularización de trabajadores inmigrantes que concluyó el sábado con un récord de 54.744 peticiones y ha asegurado que los datos demuestran que obtendrá papeles el 80 por ciento o más de los extranjeros en edad de trabajar, a los que habrá que añadir sus cónyuges e hijos, que también podrán regularizar su situación.
Hasta ahora, ha subrayado el ministro, estas personas generaban gasto público y a partir de su regularización, a través del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social, generarán ingresos "ayudando a mantener el Estado del Bienestar y el sostenimiento del sistema de pensiones".
Caldera ha considerado "ridículo" pensar que hay empresarios que después de presentar la solicitud de regularización de su trabajador no van a darle de alta en la Seguridad Social, porque sería "como denunciarse a sí mismo". Sin embargo, ha reconocido que no está satisfecho con las bajas cifras registradas en Ceuta y Melilla , donde se va a "volcar" la inspección, y ha avanzado que también que se estudiará lo ocurrido en algunas provincias del interior donde el número de solicitudes es más bajo que la media en relación a los extranjeros empadronados.
A partir de ahora, añadió, los empresarios que contraten irregulares serán sancionados "severamente" y se aplicará la ley de extranjería "con toda integridad y firmeza" a los "pocos" que hayan quedado fuera del proceso: se beneficiarán del arraigo laboral y social si cumplen los requisitos y "se intentará repatriar en condiciones humanitarias" a quienes no los cumpla.
Según los datos del Ministerio, han podido quedar al margen del proceso entre 63.108 y un máximo de 179.076 personas en edad de trabajar . Del total de solicitudes presentadas, el 88 por ciento ha sido admitido a trámite, el 3 por ciento no ha sido admitido y casi el 9 por ciento está pendiente de algún certificado. Además, se han resuelto ya todos los expedientes presentados hasta el 14 de marzo, el 31 por ciento del total, y el 90 por ciento con resultado positivo.
Según apuntó, se han registrado 548 denuncias individuales de trabajadores y 747 denuncias de sindicatos y ONG; se han abierto 770 expedientes en comprobación, se han emitido 525 informes, se han efectuado 700 requerimientos y se han abierto sólo 24 actas de infracción, datos que demuestran que el proceso ha sido "extraordinariamente limpio".
Hasta ahora, ha subrayado el ministro, estas personas generaban gasto público y a partir de su regularización, a través del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social, generarán ingresos "ayudando a mantener el Estado del Bienestar y el sostenimiento del sistema de pensiones".
Caldera ha considerado "ridículo" pensar que hay empresarios que después de presentar la solicitud de regularización de su trabajador no van a darle de alta en la Seguridad Social, porque sería "como denunciarse a sí mismo". Sin embargo, ha reconocido que no está satisfecho con las bajas cifras registradas en Ceuta y Melilla , donde se va a "volcar" la inspección, y ha avanzado que también que se estudiará lo ocurrido en algunas provincias del interior donde el número de solicitudes es más bajo que la media en relación a los extranjeros empadronados.
A partir de ahora, añadió, los empresarios que contraten irregulares serán sancionados "severamente" y se aplicará la ley de extranjería "con toda integridad y firmeza" a los "pocos" que hayan quedado fuera del proceso: se beneficiarán del arraigo laboral y social si cumplen los requisitos y "se intentará repatriar en condiciones humanitarias" a quienes no los cumpla.
Según los datos del Ministerio, han podido quedar al margen del proceso entre 63.108 y un máximo de 179.076 personas en edad de trabajar . Del total de solicitudes presentadas, el 88 por ciento ha sido admitido a trámite, el 3 por ciento no ha sido admitido y casi el 9 por ciento está pendiente de algún certificado. Además, se han resuelto ya todos los expedientes presentados hasta el 14 de marzo, el 31 por ciento del total, y el 90 por ciento con resultado positivo.
Según apuntó, se han registrado 548 denuncias individuales de trabajadores y 747 denuncias de sindicatos y ONG; se han abierto 770 expedientes en comprobación, se han emitido 525 informes, se han efectuado 700 requerimientos y se han abierto sólo 24 actas de infracción, datos que demuestran que el proceso ha sido "extraordinariamente limpio".