(Libertad Digital) La información del diario económico La Gaceta de los Negocios explica como en total, Hacienda podría dejar de recuperar más de mil millones de euros por delitos fiscales que habrían prescrito según la nueva doctrina del Constitucional. De acuerdo con el cálculo aproximado de Hacienda el importe de la deuda descubierta en este tipo de expedientes no es inferior a los 120.000 euros cada uno.
No obstante, desde la Agencia Tributaria tratan de explicar que estos expedientes se pueden recuperar por la vía administrativa dado que cuando fueron remitidos al fiscal no se había agotado el plazo para esta vía, a través de la cuál también se pueden reclamar las sanciones, los recargos y los intereses de demora. Sin embargo, los sancionados evitarían sanciones penales, es decir, la cárcel. Según los datos de la Agencia, el número de expedientes de delito fiscal el pasado año fue de 1.448 por un importe de 1.052 millones de euros de deuda descubierta. En 2003 se abrieron 1.695 expedientes, con una deuda que ascendió a 1.064 millones.
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la mera presentación de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, aunque según se conoció la pasada semana la sala II del Tribunal Constitucional, encargada del recurso de amparo de los Albertos, considera “irrazonable” que se puedan interrumpir los plazos de prescripción tal y como lo hace el Supremo. Esta interpretación podría servir a los Albertos para eludir la cárcel por el caso Urbanor.
No obstante, desde la Agencia Tributaria tratan de explicar que estos expedientes se pueden recuperar por la vía administrativa dado que cuando fueron remitidos al fiscal no se había agotado el plazo para esta vía, a través de la cuál también se pueden reclamar las sanciones, los recargos y los intereses de demora. Sin embargo, los sancionados evitarían sanciones penales, es decir, la cárcel. Según los datos de la Agencia, el número de expedientes de delito fiscal el pasado año fue de 1.448 por un importe de 1.052 millones de euros de deuda descubierta. En 2003 se abrieron 1.695 expedientes, con una deuda que ascendió a 1.064 millones.
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la mera presentación de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción, aunque según se conoció la pasada semana la sala II del Tribunal Constitucional, encargada del recurso de amparo de los Albertos, considera “irrazonable” que se puedan interrumpir los plazos de prescripción tal y como lo hace el Supremo. Esta interpretación podría servir a los Albertos para eludir la cárcel por el caso Urbanor.