(Libertad Digital) La FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) ha presentado en Madrid el Índice de Libertad Económica elaborado por The Heritage Foundation y por The Wall Street Journal, y en el que España ocupa la posición 31 del mundo. En la edición de 2004 obtuvo 2,31 puntos frente a los 2,34 de 2005, lo que supone una mayor libertad económica, y se situó en el puesto 27. En consecuencia ha habido un retroceso en el último año.
Marc A. Miles, director del Centro de Comercio y Economía en The Heritage Foundation, hizo una exposición de cómo se elabora el índice, construido a partir de 10 criterios que incluyen el respeto a los derechos de propiedad, la carga impositiva del gobierno, las regulaciones o la política de comercio exterior, entre otros.
La puntuación para la máxima libertad económica es uno, mientras que una economía reprimida, como la de Corea del Norte, alcanzaría los cinco puntos. La puntuación media de España es de 2,34 puntos, por lo que entra en la categoría de mayormente libre. En la presentación del índice participaron los catedráticos de Economía Carlos Rodríguez Braun y Francisco Cabrillo.
En opinión de Marc A. Miles, coautor del informe, lo que mantiene a España en una posición rezagada en comparación con países como Luxemburgo, Reino Unido o Chile entre otros es la carga impositiva del gobierno, que Miles calificó de “extremadamente negativa”. En concreto el nivel de imposición sobre la renta deja a España en una posición muy retrasada en el concierto mundial, ya que su 45% de imposición máxima sitúa nuestro país en el puesto 129 de los 155 estudiados por el informe. Por lo que se refiere al impuesto de sociedades la situación es aún peor, dado que ocupamos el puesto 148 de los 155, en la categoría de imposición represiva.
Jaime García-Legaz, economista del Estado y técnico comercial, ha presentado unas primeras conclusiones sobre la probable evolución futura del Índice de Libertad Económica para España en 2006. Tras repasar los 17 aspectos de la política económica del nuevo Gobierno, a un año de su llegada al poder, García-Legaz ha concluido “que el año que viene quienes elaboran el índice van a tener mucho trabajo al abordar España, ya que la sensación que dejan las primeras medidas anunciadas por el Gobierno permiten ser francamente pesimistas sobre el futuro de la economía española”. En general, las medidas emprendidas o anunciadas por el actual Ejecutivo “son contrarias a lo que todos los expertos recomiendan para España”, afirmó.
Medidas contra la libertad económica
En concreto Jaime García-Legaz hizo mención del recorte en la libertad de horarios comerciales, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, el aumento casi en un 50% de la inflación “que es un impuesto encubierto y regresivo”, o la creación del denominado "Impuesto Narbona". En este último caso, García-Legaz hizo referencia al proyecto de la Ministra de Medio Ambiente de crear peajes urbanos en ciudades de más de 100.000 habitantes, lo que calificó como “único en el mundo”.
La preocupación de Jaime García-Legaz por las iniciativas y propuestas del Gobierno se extendió también a otros ámbitos, como la esperada reforma del IRPF. En concreto señaló que según los planes del Gobierno se incrementarán la fiscalidad sobre las plusvalías o la que tributa el ahorro a largo plazo, "lo que por ejemplo incide en los planes de pensiones". Aunque se rebajaran los tipos, el esperado traslado de las deducciones de base a cuota aumentaría el tipo efectivo real. También se prevé un aumento de la fiscalidad sobre determinados sectores de la población, como por ejemplo quienes no tienen una vivienda. Además, hizo hincapié en el hecho de que, a diferencia de muchos otros países, el Gobierno español no planea eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Otro de los aspectos abordados fue el previsible aumento de la regulación en la energía, o el cese efectivo del organismo independiente de regulación, en referencia al Tribunal de Defensa de la Competencia. También se mencionó el hostigamiento al que están sometidos los presidentes de varias compañías privadas, o la reforma de la Ley del Suelo “pero no para liberalizarla, sino para hacerla más restrictiva”. Entre otros aspectos en los que el Gobierno ha anunciado regulaciones, Jaime García-Legaz ha mencionado lo que considera una merma en la competencia del mercado de televisión digital, en referencia a los planes del Gobierno de aumentar la concesión de licencias analógicas, lo que causaría un retroceso en el desarrollo de la televisión digital.
Todos los aspectos citados tendrían un reflejo en la computación del Índice de Libertad Económica, por lo que Francisco Cabrillo se mostró pesimista sobre el resultado que podría arrojar la próxima edición del Índice, que se espera para comienzos de 2006. Por otro lado, Francisco Cabrillo propuso la creación de un índice de libertad económica de ámbito español y que estudiara las políticas seguidas por cada una de las Comunidades Autónomas, análogo al que hay en los Estados Unidos y que sigue las políticas de los distintos Estados.