LD (EFE) En una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en Brasilia, la diputada venezolana Desirée Santos Amaral anunció que un grupo de compañeros, todos "chavistas", desean que parlamentarios del Partido Popular (PP) español visiten su país para comprobar que allí existe una "plena libertad de prensa y expresión".
En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Amaral reaccionó así ante una proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso de los diputados en la que se condenaban los "recortes" a la libertad de prensa en Venezuela y las "persecuciones" a medios y periodistas. La propuesta fue rechazada por 21 votos en contra y 17 a favor en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España.
Nula libertad de prensa
La Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras han denunciado los "graves inconvenientes" que existen en Venezuela para ejercer el periodismo tras la aprobación de la llamada "Ley mordaza" o "Ley de responsabilidad social en radio y televisión" que permite a las autoridades de Caracas perseguir y censurar legalmente, a discreción de Chávez, a medios de comunicación de cualquier índole. Según los expertos, la norma también permite ejercer controles sobre la información que pueda circular por la prensa electrónica.
Las dos citadas organizaciones indican que la "Ley mordaza" viola todos los tratados internacionales firmados por Venezuela, como el Convenio Internacional de los Derechos Humanos, la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los medios de comunicación privados venezolanos, televisión y radio primordialmente, han venido denunciando que el régimen de Chávez pretende ejercer un férreo control sobre ellos ante su abierto apoyo a los grupos opositores y por el papel que desempeñaron durante el golpe de Estado del once de abril de 2002. La prensa, argumentaba el mandatario venezolano para sustentar la norma, es "enemiga del proceso revolucionario boliviariano".
La ley contempla el cierre de las televisoras y radioemisoras que difundan contenidos que promuevan, apologicen o inciten a la guerra, a las alteraciones del orden público, al delito o que sean contrarios a la seguridad nacional. La ley también califica como "infracciones muy graves" la difusión de contenidos que "promuevan, apologicen o inciten al irrespeto a las instituciones y autoridades legítimas" como diputados, magistrados, jefe de Estado, ministros, autoridades electorales o militares. Las multas podrían sumar has 350.000 dólares.
La "comandante fosforito" contra el PP
En la conferencia de prensa en Brasil, la diputada Iris Varela, conocida en los medios venezolanos como "comandante Fosforito", acusaba a los "populares" de poner en práctica una "estrategia", através de su iniciativa no ley, para perjudicar al Gobierno de Chávez.
Incluso y repitiendo los señalamientos que en su día hizo el ministro español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, dijo que el PP es "un partido (por el PP) que cuando estuvo en el Gobierno apoyó el golpe" del once de abril del 2002, que separó del poder a Chávez durante dos días. En esos días, recordó, fueron cerrados "Venezolana de Televisión (estatal) y la emisora comunitaria Catia TV", ambas afines a Chávez y clausuradas por los "golpistas".