L D (EFE) La defensa de uno de los 21 procesados en la Operación Pipol, de tráfico de drogas y explosivos, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que retrasará en unos seis meses la vista oral por esta causa que instruye la sección octava de la Audiencia Provincial de Oviedo, con sede en Gijón.
Según señaló a la agencia EFE el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, el abogado del policía local de San Martín del Rey Aurelio Laurencio C.G., ha notificado que presentará este recurso contra el auto de la Audiencia Provincial que rechazaba su solicitud de que este órgano judicial se inhibiera en la causa en favor de la Nacional.
Entre los veintiún imputados en el caso "Pipol" figuran dos acusados de suministrar la Goma-2 utilizada en los atentados del 11-M, Emilio Suarez Trashorras y su cuñado Antonio Toro. Según Perals, y a la espera de que los letrados que defienden al resto de procesados puedan sumarse a este recurso al igual que hicieron con la solicitud de trasladar la causa a la Audiencia Nacional, el tiempo medio para resolver esta reclamación ante el Tribunal Supremo es de unos seis meses.
De los veintiún acusados en la operación Pipol, dieciocho se encuentran en libertad mientras que Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro permanecen en prisión por su presunta implicación en la venta de los explosivos utilizados en los atentados del 11-M. En esta causa está procesado en rebeldía José Ignacio Fernández Díaz, "Nayo", que en febrero de 2003 aseguró a la Guardia Civil que los dos anteriores tenían escondidos 150 kilos de dinamita, delación que el instituto armado atribuyó a una venganza personal.
Trashorras y Toro, que se enfrentan en este caso a sendas penas de 17 años de cárcel por tráfico de estupefacientes y de explosivos, están acusados de formar parte de sendos grupos organizados que se dedicaban a la introducción y distribución de drogas en Asturias y que fueron detenidos en el primer semestre de 2001. Esta operación concluyó con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.
La Operación Pipol se centró en la droga incautada, sin que se investigase la procedencia de la Goma 2 y de los detonadores hallados, que, al parecer, procedían de robos en minas asturianas en las que Suárez Trashorras había trabajado. Según el escrito de Perals, Suárez Trashorras y Antonio Toro se dedicaban, "independientemente del tráfico de drogas", a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco que ofrecían en los ambientes nocturnos de Gijón.
Según señaló a la agencia EFE el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, el abogado del policía local de San Martín del Rey Aurelio Laurencio C.G., ha notificado que presentará este recurso contra el auto de la Audiencia Provincial que rechazaba su solicitud de que este órgano judicial se inhibiera en la causa en favor de la Nacional.
Entre los veintiún imputados en el caso "Pipol" figuran dos acusados de suministrar la Goma-2 utilizada en los atentados del 11-M, Emilio Suarez Trashorras y su cuñado Antonio Toro. Según Perals, y a la espera de que los letrados que defienden al resto de procesados puedan sumarse a este recurso al igual que hicieron con la solicitud de trasladar la causa a la Audiencia Nacional, el tiempo medio para resolver esta reclamación ante el Tribunal Supremo es de unos seis meses.
De los veintiún acusados en la operación Pipol, dieciocho se encuentran en libertad mientras que Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro permanecen en prisión por su presunta implicación en la venta de los explosivos utilizados en los atentados del 11-M. En esta causa está procesado en rebeldía José Ignacio Fernández Díaz, "Nayo", que en febrero de 2003 aseguró a la Guardia Civil que los dos anteriores tenían escondidos 150 kilos de dinamita, delación que el instituto armado atribuyó a una venganza personal.
Trashorras y Toro, que se enfrentan en este caso a sendas penas de 17 años de cárcel por tráfico de estupefacientes y de explosivos, están acusados de formar parte de sendos grupos organizados que se dedicaban a la introducción y distribución de drogas en Asturias y que fueron detenidos en el primer semestre de 2001. Esta operación concluyó con la incautación de más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína y otras sustancias alucinógenas, así como de 16 cartuchos de Goma-2, como la utilizada en los atentados del 11-M, y 94 detonadores industriales.
La Operación Pipol se centró en la droga incautada, sin que se investigase la procedencia de la Goma 2 y de los detonadores hallados, que, al parecer, procedían de robos en minas asturianas en las que Suárez Trashorras había trabajado. Según el escrito de Perals, Suárez Trashorras y Antonio Toro se dedicaban, "independientemente del tráfico de drogas", a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco que ofrecían en los ambientes nocturnos de Gijón.