L D (EFE) En los últimos cinco años, la presión fiscal se ha incrementado en 0,54 puntos, desde el 33,91 por ciento en 2000 al citado 34,45 por ciento del año pasado. El documento elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE) refleja que el avance de la presión fiscal en 2004 se derivó del crecimiento del 8,6 por ciento de los recursos fiscales, tasa 1,4 puntos superior al aumento nominal del PIB (del 7,2 por ciento).
La mayor subida de la presión correspondió a los impuestos sobre la producción y las importaciones (en 0,26 puntos, hasta el 12,16 por ciento), seguidos de los que gravan la renta y el patrimonio (en 0,11 puntos, hasta el 10,21 por ciento), pues las cotizaciones sociales y los impuestos sobre el capital se mantuvieron en un nivel similar al año anterior. En cuanto al reparto institucional de la presión fiscal, Hacienda destaca que la ejercida por la Administración Central -Estado y Organismos Autónomos- bajó el año pasado en 0,26 puntos, hasta el 11,93 por ciento, debido al traspaso de recursos fiscales del Estado a las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
En concreto, explica que el volumen traspasado a las comunidades se debió tanto a la mayor cuantía de las entregas a cuenta por la participación en los impuestos del Estado como al pago de la liquidación definitiva del ejercicio 2002, que conjuntamente representan 0,6 puntos del PIB. Asimismo, el sistema de financiación local vigente desde enero de 2004 provocó una reducción de los recursos fiscales del Estado de 0,15 puntos del PIB, indica.
Estos hechos, agrega, contribuyeron al avance de la presión fiscal en las comunidades autónomas (en 0,55 puntos, hasta el 7,46 por ciento) y los ayuntamientos (en 0,14 puntos, hasta el tres por ciento). En el documento, la IGAE revisa los datos de ejecución presupuestaria del sector público en 2004 que fueron avanzados en febrero pasado e incluye la revisión al alza del PIB llevada a cabo por el INE en mayo. Así, indica que las administraciones públicas tuvieron un déficit de 2.254 millones de euros en contabilidad nacional, equivalente al 0,27 por ciento del PIB, derivado en su totalidad de la asunción por parte del Estado de la deuda de RENFE, por un importe de 5.459 millones de euros (el 0,65 por ciento del PIB).
Si no se hubiera tenido en cuenta esa operación, reitera Hacienda, el sector público habría registrado el año pasado un superávit de 3.205 millones de euros, el 0,38 por ciento del PIB, que mejora en 0,08 puntos el logrado en 2003. El déficit de las administraciones públicas fue resultado de un saldo negativo en la Administración Central del 1,21 por ciento del PIB (1,18 por ciento el Estado y 0,03 por ciento los Organismos Autónomos), un déficit del 0,02 por ciento tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos, y un superávit del 0,97 por ciento en la Seguridad Social.
La mayor subida de la presión correspondió a los impuestos sobre la producción y las importaciones (en 0,26 puntos, hasta el 12,16 por ciento), seguidos de los que gravan la renta y el patrimonio (en 0,11 puntos, hasta el 10,21 por ciento), pues las cotizaciones sociales y los impuestos sobre el capital se mantuvieron en un nivel similar al año anterior. En cuanto al reparto institucional de la presión fiscal, Hacienda destaca que la ejercida por la Administración Central -Estado y Organismos Autónomos- bajó el año pasado en 0,26 puntos, hasta el 11,93 por ciento, debido al traspaso de recursos fiscales del Estado a las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
En concreto, explica que el volumen traspasado a las comunidades se debió tanto a la mayor cuantía de las entregas a cuenta por la participación en los impuestos del Estado como al pago de la liquidación definitiva del ejercicio 2002, que conjuntamente representan 0,6 puntos del PIB. Asimismo, el sistema de financiación local vigente desde enero de 2004 provocó una reducción de los recursos fiscales del Estado de 0,15 puntos del PIB, indica.
Estos hechos, agrega, contribuyeron al avance de la presión fiscal en las comunidades autónomas (en 0,55 puntos, hasta el 7,46 por ciento) y los ayuntamientos (en 0,14 puntos, hasta el tres por ciento). En el documento, la IGAE revisa los datos de ejecución presupuestaria del sector público en 2004 que fueron avanzados en febrero pasado e incluye la revisión al alza del PIB llevada a cabo por el INE en mayo. Así, indica que las administraciones públicas tuvieron un déficit de 2.254 millones de euros en contabilidad nacional, equivalente al 0,27 por ciento del PIB, derivado en su totalidad de la asunción por parte del Estado de la deuda de RENFE, por un importe de 5.459 millones de euros (el 0,65 por ciento del PIB).
Si no se hubiera tenido en cuenta esa operación, reitera Hacienda, el sector público habría registrado el año pasado un superávit de 3.205 millones de euros, el 0,38 por ciento del PIB, que mejora en 0,08 puntos el logrado en 2003. El déficit de las administraciones públicas fue resultado de un saldo negativo en la Administración Central del 1,21 por ciento del PIB (1,18 por ciento el Estado y 0,03 por ciento los Organismos Autónomos), un déficit del 0,02 por ciento tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos, y un superávit del 0,97 por ciento en la Seguridad Social.