LD (EFE) CCOO, UGT, CSI-CSIF, USO o la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza son algunas de las centrales sindicales que ya han expresado su rechazo al plan, al que se ha sumado la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.
CCOO, UGT y CSI-CSIF ya han tenido la oportunidad de comunicarle su rechazo al secretario general para la Función Pública, Francisco Velázquez, con quien se reunieron el martes, después de que un día antes Sevilla anunciara que las prejubilaciones o las bajas incentivadas serán para el colectivo de empleados públicos de entre 58 y 64 años.
Los tres sindicatos criticaron el hecho de que la noticia del plan la conocieran por los medios de comunicación y no en la mesa de negociación abierta con el Ministerio sobre la Administración Pública. Las centrales sindicales consideran que los objetivos del plan se alejan de la declaración sobre el Diálogo Social que firmaron con el Ministerio en septiembre de 2004., y advierten de que si las plazas que se queden libres no se cubren se producirá una pérdida de empleo en la Administración, que, recuerdan, ya está afectada por la temporalidad.
La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza teme que el plan de rejuvenecimiento de la Administración General "encubra" un proceso de reconversión de plantilla similar a los ocurridos en los últimos años en los sectores industriales. Mientras, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores considera que el plan es un "nuevo caso flagrante de discriminación por motivos de edad" y expresa su indignación porque se insinúe que los funcionarios públicos a partir de los 58 años "son imposibles de reciclar profesionalmente, de adquirir conocimientos y de adaptarse a las nuevas tecnologías".
Las criticas a la iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas también han llegado desde dirigentes autonómicos como Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, quien considera una "irresponsabilidad" que el plan no se les haya consultado cuando les puede afectar si se tramita como ley básica. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha terciado en la polémica al asegurar que la propuesta sólo es una idea que se está "estudiando" en el marco de una reflexión para averiguar si es "óptima".
CCOO, UGT y CSI-CSIF ya han tenido la oportunidad de comunicarle su rechazo al secretario general para la Función Pública, Francisco Velázquez, con quien se reunieron el martes, después de que un día antes Sevilla anunciara que las prejubilaciones o las bajas incentivadas serán para el colectivo de empleados públicos de entre 58 y 64 años.
Los tres sindicatos criticaron el hecho de que la noticia del plan la conocieran por los medios de comunicación y no en la mesa de negociación abierta con el Ministerio sobre la Administración Pública. Las centrales sindicales consideran que los objetivos del plan se alejan de la declaración sobre el Diálogo Social que firmaron con el Ministerio en septiembre de 2004., y advierten de que si las plazas que se queden libres no se cubren se producirá una pérdida de empleo en la Administración, que, recuerdan, ya está afectada por la temporalidad.
La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza teme que el plan de rejuvenecimiento de la Administración General "encubra" un proceso de reconversión de plantilla similar a los ocurridos en los últimos años en los sectores industriales. Mientras, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores considera que el plan es un "nuevo caso flagrante de discriminación por motivos de edad" y expresa su indignación porque se insinúe que los funcionarios públicos a partir de los 58 años "son imposibles de reciclar profesionalmente, de adquirir conocimientos y de adaptarse a las nuevas tecnologías".
Las criticas a la iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas también han llegado desde dirigentes autonómicos como Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, quien considera una "irresponsabilidad" que el plan no se les haya consultado cuando les puede afectar si se tramita como ley básica. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha terciado en la polémica al asegurar que la propuesta sólo es una idea que se está "estudiando" en el marco de una reflexión para averiguar si es "óptima".