(Libertad Digital) La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha observado que las emisiones españolas de gases de efecto invernadero fueron en 2003 de 402 toneladas. Este crecimiento, del 40,6%, supone que España es el país que tendría que hacer un mayor esfuerzo para el cumplimiento de las condiciones de Kioto, con el coste económico correspondiente. Austria es otro de los países que más se desvían de sus previsiones para 2012, a los que siguen Finlandia e Irlanda.
El acuerdo europeo prevé una reducción para la UE del 8% de los gases de efecto invernadero sobre la base de las emisiones de 1990. Pero si bien ese es el compromiso para el conjunto de la Europa comunitaria, esa reducción se alcanzará, según las previsiones, con distintos compromisos europeos. En el caso de España se le permite aumentar sus emisiones un 15%. Pero en el caso de que en 2012, como parecen indicar los datos de emisiones, la UE no pueda cumplir sus compromisos, cada uno de los países de la UE tendrá que cumplir las reducciones del 8% que ahora están previstas para el conjunto de la UE.
Ello implicaría que España, que es el país que más está contribuyendo al incumplimiento europeo, tendría que reducir sus emisiones un 8%, siendo así que resulta complicado que cumpla con el previsto aumento del 15%. Las emisiones conjuntas de la UE se han reducido, tomando la media de los últimos 5 años, un 2,9%. Pero en 2003 las emisiones comunitarias han crecido a causa de la severidad del invierno.
En vista de las bajas previsiones de cumplimiento de Kioto por la UE, el comisario de medio ambiente, Stavros Dimas, ha declarado que “E stas cifras decepcionantes no hacen más que reforzar aún más la necesidad de aplicar íntegramente todas las medidas comunitarias de reducción de las emisiones, así como las medidas adoptadas por los propios Estados miembros”.
El coste de la aplicación del tratado de Kioto superará los 20.000 millones de euros. Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el sector eléctrico español soportará un coste causado por la aplicación de Kioto de 52 millones de euros.