L D (EFE) Durante su comparecencia ante la comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Caruana dijo que, según la información disponible, continúa el dinamismo de la actividad y del gasto, aunque apuntó la posibilidad de que la inversión empresarial gane fuerza y vaya sustituyendo al consumo de los hogares, y auguró que el deterioro del sector exterior tenderá a frenarse.
Alertó ante "algunos elementos de riesgo" que, de no ser reconducidos, pueden terminar afectando a las posibilidades de crecimiento y citó, en concreto, la erosión de la competitividad y el aumento del endeudamiento de los hogares. El gobernador reseñó que el intenso deterioro del déficit comercial, la caída de las exportaciones y la rápida penetración de las importaciones son resultado de la existencia de "pérdidas genuinas de competitividad".
Detrás de esas pérdidas subyace, a su juicio, además de la inercia de los costes salariales, la escasa capacidad de la economía para mejorar la productividad, debida no sólo a la fuerte creación de empleo, sino también a la dificultad para incorporar las nuevas tecnologías y a los problemas de funcionamiento en algunos sectores. Por eso, señaló Caruana, el reto actual de la política económica es hacer compatible el fomento de la productividad con el mantenimiento de un ritmo elevado de creación de empleo.
Respecto al endeudamiento familiar, derivado del aumento de la inversión inmobiliaria y del encarecimiento de la vivienda, Caruana admitió que es difícil evaluar sus riesgos, pero subrayó que la materialización de los mismos no es inevitable y mucho menos inminente. Afirmó, eso sí, que no se observan aún signos claros de moderación del precio de la vivienda y que la sobrevaloración debe de haber continuado los últimos años y advirtió de que la posibilidad de que la corrección de precios sea gradual es cada vez más reducida.
Para reducir las tensiones y riesgos en el mercado inmobiliario, aconsejó reformar el mercado del suelo, revisar los incentivos de la vivienda en propiedad y fomentar los alquileres. Sobre la política presupuestaria, Caruana reiteró que "sería altamente recomendable" que el esfuerzo fiscal fuese más intenso -el Gobierno prevé que el conjunto de las administraciones públicas registren este año un superávit del 0,1 por ciento del PIB-, para contribuir a la contención de la demanda interna y dar más margen para afrontar los retos derivados del envejecimiento de la población. Apostó, asimismo, por desarrollar un ambicioso programa de reformas de corte microeconómico que permita mejorar la eficiencia de la economía y del funcionamiento de los mercados.
En su opinión, la reforma laboral es una pieza clave en esta estrategia, por lo que aconsejó aproximar la negociación colectiva a las condiciones propias de cada sector, empresa y trabajador, y equilibrar en las modalidades de contratación la necesaria seguridad para el trabajador y el margen de flexibilidad que requieren las empresas.
Alertó ante "algunos elementos de riesgo" que, de no ser reconducidos, pueden terminar afectando a las posibilidades de crecimiento y citó, en concreto, la erosión de la competitividad y el aumento del endeudamiento de los hogares. El gobernador reseñó que el intenso deterioro del déficit comercial, la caída de las exportaciones y la rápida penetración de las importaciones son resultado de la existencia de "pérdidas genuinas de competitividad".
Detrás de esas pérdidas subyace, a su juicio, además de la inercia de los costes salariales, la escasa capacidad de la economía para mejorar la productividad, debida no sólo a la fuerte creación de empleo, sino también a la dificultad para incorporar las nuevas tecnologías y a los problemas de funcionamiento en algunos sectores. Por eso, señaló Caruana, el reto actual de la política económica es hacer compatible el fomento de la productividad con el mantenimiento de un ritmo elevado de creación de empleo.
Respecto al endeudamiento familiar, derivado del aumento de la inversión inmobiliaria y del encarecimiento de la vivienda, Caruana admitió que es difícil evaluar sus riesgos, pero subrayó que la materialización de los mismos no es inevitable y mucho menos inminente. Afirmó, eso sí, que no se observan aún signos claros de moderación del precio de la vivienda y que la sobrevaloración debe de haber continuado los últimos años y advirtió de que la posibilidad de que la corrección de precios sea gradual es cada vez más reducida.
Para reducir las tensiones y riesgos en el mercado inmobiliario, aconsejó reformar el mercado del suelo, revisar los incentivos de la vivienda en propiedad y fomentar los alquileres. Sobre la política presupuestaria, Caruana reiteró que "sería altamente recomendable" que el esfuerzo fiscal fuese más intenso -el Gobierno prevé que el conjunto de las administraciones públicas registren este año un superávit del 0,1 por ciento del PIB-, para contribuir a la contención de la demanda interna y dar más margen para afrontar los retos derivados del envejecimiento de la población. Apostó, asimismo, por desarrollar un ambicioso programa de reformas de corte microeconómico que permita mejorar la eficiencia de la economía y del funcionamiento de los mercados.
En su opinión, la reforma laboral es una pieza clave en esta estrategia, por lo que aconsejó aproximar la negociación colectiva a las condiciones propias de cada sector, empresa y trabajador, y equilibrar en las modalidades de contratación la necesaria seguridad para el trabajador y el margen de flexibilidad que requieren las empresas.