El pasado 13 de junio el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció un plan de "rejuvenecimiento" de la Administración pública que afectará a unos 25.000 funcionarios de entre 58 y 64 años. La diputada del PSOE insistió en que las "medidas adecuadas" para reformar la administración no deben orientarse hacia la prejubilación y en que las reflexiones de Jordi Sevilla "se van a quedar en eso, en una reflexión".
La portavoz socialista hizo estas consideraciones antes de intervenir en el coloquio, donde se debatió la aplicación del coeficiente reductor en las pensiones y las dificultades que generan los planes de jubilación anticipada. En este sentido, el presidente de FEMAS, José Carrillo Verdún, explicó a EFE la "injusticia" que en opinión de la Federación se comete al aplicar este coeficiente de forma discriminatoria ya el tipo impuesto es diferente si el trabajador ha comenzado su vida laboral antes del 1 de enero de 1967.
De acuerdo con la ley, estos trabajadores se les considera mutualistas y si hubieran cumplido más de treinta años de cotización se les aplica un baremo reductor que oscila entre el 7,5 por cien -para los que tengan entre 31 y 34 años de mutualistas- y hasta un seis por ciento para quienes acrediten cuarenta o más años. Sin embargo, a los no mutualistas se les aplica un coeficiente de reducción diferente lo que para el representante del FEMAS provoca "casos ilógicos" en los que pensionistas que han cotizado más años cobren menos que los mutualistas que pudieron tener una vida laboral más corta.
Por este motivo, reivindicó que se les aplique un "coeficiente neutro" que consiste en que se tipifique el descuento justo que corresponde a esos años en los que se cobra una pensión, inicialmente, imprevista por la Seguridad Social. Carrillo señaló que los diferentes gobiernos han desoído sus peticiones para "no poner en peligro la Seguridad Social" pero que, en su opinión, lo que ocurre es que "a costa del colectivo" gana "todo el mundo". El número de afectados por estas medidas alcanza los 1,3 millones de personas, aunque Carrillo matizó que este punto tampoco es seguro debido a que el sistema informático de la Seguridad Social se ha quedado "obsoleto".
Sevilla insiste en la necesidad de "modernizar" y "prejubilar"
Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, insistió este martes en que el plan de rejuvenecimiento de la Administración General del Estado (AGE) que ha propuesto a los sindicatos es necesario para hacer que la administración pueda responder a los ciudadanos y ser "amable, eficaz y transparente". Sevilla respondía así al senador del grupo popular Antolín Sanz, quien dijo que el plan de "rejuvenecimiento" de la administración central, al que podrán acogerse cerca de 25.000 funcionarios (de entre 58 y 64 años, es "inquietante" y "contradictorio".
Según Sevilla, la necesidad de mejorar el funcionamiento de la AGE no es una cuestión de "criterios políticos", sino una exigencia de la Constitución, que exige una administración próxima, que facilite las gestiones de los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, que lo haga independientemente de si son locales, regionales o nacionales, y que además no moleste pidiéndole siempre los mismos documentos. Sin embargo, para el senador popular, el plan de rejuvenecimiento es "poco o nada coherente" con el mensaje del Gobierno sobre la necesidad de prolongar la vida laboral y supondrá un coste "contrario a los principios de estabilidad presupuestaria" y que el Ministerio de Trabajo ha cifrado en unos 3.500 millones de euros, dijo Sanz.