Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
Comparezco ante ustedes con el objeto de informarles sobre las Conclusiones adoptadas en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los pasados días 16 y 17 de junio.
Como conocen sobradamente Sus Señorías, la reunión del Consejo se ha celebrado en un contexto de seria preocupación por las dificultades por las que atraviesa el avance del proyecto político europeo y por una gran expectativa de los ciudadanos. En su contenido ha estado marcada por dos temas de gran relevancia para el futuro de la Unión: por un lado, el debate sobre el proceso de ratificación de la Constitución Europea; por otro, la negociación sobre el Marco Financiero para el período 2007/2013.
La Presidencia incluyó, además, en sus Conclusiones el seguimiento de una serie de asuntos como la Estrategia de Lisboa, el desarrollo sostenible, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, así como los principales temas de la agenda internacional.
Al comenzar el Consejo, todos los Jefes de Estado y de Gobierno éramos plenamente conscientes de la importancia del trabajo que teníamos entre manos y de las dificultades a las que nos enfrentábamos. El resultado final del Consejo pone de manifiesto que existen problemas de fondo que vienen desde hace años y ante los cuales no se ha podido, hasta ahora, dar una respuesta común y eficaz. El impacto de la ampliación, en un contexto de dificultades económicas, y el modelo presupuestario válido para todos hasta el año 2002 y hoy cuestionado son los serios problemas que afrontamos.
Pero ese reconocimiento, necesario para afrontar con determinación y con convicción los pasos a dar a partir de ahora, no puede llevarnos ni a la desesperanza ni condenarnos a la inacción. A pesar del diagnóstico sobre el Consejo, el debate producido ha sido clarificador de las posiciones y dificultades de los distintos Estados miembros, y, en este sentido, ilustrativo sobre el punto del que realmente partimos. Ahora podremos trabajar sobre bases más sólidas, conociendo mejor, de antemano, nuestros márgenes y nuestras bazas de actuación.
En la vertiente más positiva, todos los Estados miembros hemos reafirmado la voluntad de salvaguardar los objetivos esenciales de la construcción europea, la esencia de las principales líneas de acción con las que se ha comprometido la Unión. Permítanme que me refiera, en primer lugar, al proceso de ratificación de la Constitución, tema que ocupó el primer día del Consejo Europeo.
Como Sus Señorías saben, este Consejo tenía ante sí el reto de ofrecer una salida a la situación derivada del resultado negativo en los referendos de Francia y Países Bajos. Entre las distintas posiciones se encontraban, por un lado, la de aquellos países, como España y otros nueve, que ya han ratificado la Constitución y querían que el proceso siguiera adelante y el texto tuviera la oportunidad de ser ratificado también por otros Estados. Por otro lado se alineaban aquellos Estados miembros que preveían dificultades en sus procesos de ratificación y querían retener su propio margen de maniobra a la hora de decidir cómo y cuándo sometían el texto constitucional a la ratificación.
Los más pesimistas proyectaban serias dudas sobre el futuro de la Constitución. Otros, entre los que nos incluimos, consideraban que había que introducir serenidad y esforzarse decididamente por preservarla. Todos, y éste fue el primer punto de acuerdo, coincidimos en que había que abrir un período de reflexión para diluir la sobrecarga de presión del escenario actual, reducir riesgos y salvar así la coherencia de todo el proceso.
Con estas premisas, el Consejo Europeo llegó a unas Conclusiones que se corresponden, en gran medida, con la posición que mantenía España. Ante todo, se acordó que no se podía congelar el proceso de ratificación, porque ello iba en contra de los Estados que habían apoyado la Constitución y desalentaba a aquellos que quería ratificarla en el futuro. En democracia resulta fundamental que todos los ciudadanos, directamente o a través de sus Parlamentos, tengan las mismas oportunidades de pronunciarse.
El Consejo Europeo ha dado libertad a cada Estado miembro para que decida el momento y la forma de completar el proceso de ratificación a nivel nacional. Asimismo, el Consejo ha tomado nota de los resultados de los referendos en Francia y Holanda, y ha sido consciente de las preocupaciones, inquietudes o insuficiencias que tales resultados reflejan y que debemos tomar seriamente en cuenta.
También ha fijado la fecha de junio del año próximo para proceder a una evaluación en común de la situación del proceso de ratificación. No se trata de un nuevo plazo jurídico, sino de un emplazamiento que permite aliviar la presión y otorgar tiempo a los Estados que puedan tener mayores dificultades. Creo que el Consejo ha conseguido, así, dar un mensaje positivo y esperanzador, dando su oportunidad a las distintas sensibilidades de los diferentes Estados de la Unión.
Paralelamente, el Consejo ha decidido abrir un proceso de reflexión para analizar mejor las causas que han desembocado en la actual situación y poder encontrar las soluciones adecuadas. A través de ese proceso debemos hacer llegar a los ciudadanos el mensaje claro y comprometido de que la Unión no se construye ni nunca se construirá a sus espaldas, puesto que el futuro de la misma sólo tendrá sentido si ellos se sienten lo que son: partícipes directos y beneficiarios últimos de la construcción europea.
Aunque nos encontramos en un momento de incertidumbre y se constatan dudas en la ciudadanía de algunos Estados miembros, estoy convencido de que sabremos recuperar el impulso inicial y seguiremos avanzando, incluso, con mayor firmeza. Siempre ha ocurrido así en la historia de la Unión Europea. También será así en el futuro próximo.
En todo caso, hay que evitar que la crisis en que se encuentra el Tratado Constitucional pueda derivar hacia una crisis en el seno de la Unión. La Unión no puede quedarse quieta. Quedarse quieto sería, en estas circunstancias, retroceder; quedarse quieto ahora sería emprender el camino seguro a la parálisis mañana.
Por el contrario, son muchos los procesos en marcha que son irreversibles y hemos de garantizar entre todos su aplicación con la mayor fluidez y eficacia.
Quiero reafirmar en esta Cámara el valor de la respuesta inmediata y afirmativa del pueblo español en el referéndum de ratificación de la Constitución, que nos otorga una legitimidad singular y un margen de actuación en la consolidación del proceso.
Señorías,
Permítanme ahora referirme al segundo gran asunto que ha ocupado este Consejo: la negociación de las llamadas Perspectivas Financieras.
Se trata, sin duda, de un asunto de gran calado, dado que va a configurar el marco financiero de la Unión para los próximos siete años a partir de 2007. Técnicamente, como Sus Señorías saben, es un acuerdo que se debe alcanzar por unanimidad y que contempla tanto los gastos, como los ingresos del Presupuesto comunitario.
Las negociaciones presupuestarias en el seno de la Unión nunca han sido fáciles en el pasado, pero esta vez concurrían unas circunstancias que las dotaban de especial complejidad. Se trata de las primeras Perspectivas dirigidas a acomodar una Europa de veinticinco y, luego, de veintisiete Estados miembros. Ese solo dato obliga al replanteamiento de bien asentados equilibrios financieros establecidos en otras circunstancias. Al mismo tiempo, la entrada de nuevos Estados miembros, con sus expectativas y necesidades, requiere importantes gastos suplementarios, concentrados en partidas muy determinadas.
A esto se añade que la ampliación se produce en una coyuntura económica difícil en algunos de los principales Estados de la Unión y en un marco mundial nuevo e incierto, marcado por la intensificación de la globalización.
De ahí la complejidad de la negociación, con unos márgenes muy estrechos por la voluntad de los principales contribuyentes netos, signatarios de la llamada "Carta de los Seis", de limitar el Presupuesto al 1 por 100 del PIB comunitario y, paralelamente, la lógica aspiración de los nuevos Estados miembros de beneficiarse de la política de cohesión, junto con el deseo de los actuales receptores de fondos de no perderlos enteramente.
España afrontaba esta negociación teniendo en cuenta que hemos logrado alcanzar, gracias en parte a la solidaridad europea, un alto grado de crecimiento económico prolongado, que nos ha permitido situar nuestra media nacional en niveles muy próximos a la media europea.
Se trata de un éxito sin precedentes de la sociedad española y de los sucesivos Gobiernos que nos enorgullece y que nos coloca frente a nuevas responsabilidades financieras en la Unión. Estamos dispuestos a aceptarlas y, en concreto, a ser solidarios con los nuevos Estados miembros. España, que tanto ha progresado con la cohesión europea, no puede sino ser valedora de la misma y, en particular, del acceso a la misma de los nuevos socios.
Sin embargo, existía el riesgo de que la reducción del nivel de gasto en la Unión obrase en contra de nuestros intereses, con un efecto perverso en nuestro saldo en proporción superior a la que considerábamos aceptable. Al reducirse las partidas de cohesión en un marco presupuestario a la baja, cercano al 1 por 100, podía crearse una situación injusta para nuestro país, con un reparto no equitativo de las cargas de la ampliación, si no se reconocían fórmulas transitorias para aliviar la abrupta salida de los fondos de nuestro país.
Contando con estas premisas, llegamos a este Consejo con la mejor de las disposiciones para negociar con espíritu constructivo. Actuamos en todo momento con la máxima transparencia y lealtad, haciendo llegar a nuestros socios nuestra posición con la suficiente antelación para favorecer un acuerdo. No partíamos en ningún caso de posturas maximalistas ni nos aferrábamos a posiciones inamovibles.
A lo largo de la negociación, la Presidencia y la mayoría de los Estados
reconocieron uno de los principios básicos defendidos por España: el de que no se podía privar a nuestro país, de forma drástica y abrupta, de los Fondos de Cohesión por un mero efecto estadístico derivado de la ampliación. El reconocimiento de este hecho se tradujo en una progresiva mejora de las distintas propuestas puestas sobre la mesa.
Sin embargo, Señorías, las negociaciones no estaban en absoluto concentradas en el caso español. La dificultad principal radicaba en el llamado "cheque británico". Como Sus Señorías saben, el Reino Unido sólo estaba dispuesto a negociar su reducción si, paralelamente, se procedía a una reforma sustancial en la estructura de los gastos de la Unión que recortase las partidas destinadas a la Política Agraria Común.
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En la última propuesta de la Presidencia, como es conocido, se ofrecía a nuestro país un mecanismo transitorio del Fondo de Cohesión por una duración de cuatro años. Este reconocimiento es muy positivo de cara al trabajo de negociación futuro. Pero los beneficios que este reconocimiento nos reportaba se veían recortados, paralelamente, por un incremento de nuestra contribución debido al aumento de la cantidad correspondiente a nuestro país del "cheque británico" y a diversas compensaciones que se ofrecían a algunos de los principales contribuyentes netos, que mantuvieron continuamente una posición de no favorecer el acuerdo. Ello resultaba en un saldo neto final que no era satisfactorio desde el punto de vista del Gobierno, aunque podría haber constituido una buena base de discusión si la negociación hubiese continuado.
No obstante, la Presidencia, a sabiendas de que su oferta iba a ser rechazada por el Reino Unido, por los Países Bajos y por algún otro Estado miembro, así como por España, interrumpió la negociación y forzó un pronunciamiento general sobre su última propuesta que, como era previsible, fue rechazada por varios Estados miembros; entre ellos, como Sus Señorías saben, España.
En definitiva, aunque todos los Estados miembros hicimos un esfuerzo para acercar nuestras posiciones, se constató que no estábamos en condiciones de cerrar un acuerdo mínimamente satisfactorio. Necesitamos más tiempo. Las intensas negociaciones de los dos días de duración del Consejo nos permitirán afrontar nuestra tarea, a partir de ahora, con un conocimiento más cabal de las posiciones respectivas. Seguiremos trabajando para conseguir un resultado que sea bueno para España, para todos y, por tanto, también para Europa.
Quiero expresar ante Sus Señorías los principios que el Gobierno mantiene y va a defender en estos nuevos tiempos para la consecución de un acuerdo en Perspectivas Financieras: En primer lugar, el principio de suficiencia. España ha defendido durante todos estos meses el techo de gasto del 1,24 por 100 de la Renta Nacional Bruta de la Unión Europea a 25 propuesto por la Comisión Europea en febrero de 2004. De hecho, éste fue el único aspecto que España apoyó de aquella propuesta, ya que por lo demás era muy perjudicial para los intereses españoles. Hemos sido flexibles con este techo, buscando un acercamiento con los países que defendían el techo del 1 por 100 del PIB de la Unión.
En segundo lugar, el principio de gradualismo. El efecto estadístico provocado por la ampliación a veinticinco miembros de la Unión Europea afecta, tanto a varias de nuestras regiones, como al conjunto de nuestro país, que ven elevarse su renta relativa de forma artificial con respecto a la media de la Unión Europea a 25. Era un principio ampliamente compartido que hubiera una salida gradual de las regiones afectadas por el efecto estadístico en los Fondos Estructurales. El Gobierno ha defendido que se creara una red de seguridad para las regiones españolas más afectadas. Además, el Gobierno defendió que el principio de salida gradual de las regiones se extendiera a los países en los casos en que operase el efecto estadístico de la ampliación. Así, el Gobierno defendió y consiguió que se reconociera la salida gradual de España del Fondo de Cohesión, algo que no se había contemplado hasta entonces.
En tercer lugar, el principio de equidad. El Gobierno ha mantenido que el reparto de los costes de la ampliación fuera equitativo. Así consiguió establecerlo en los principios recogidos en las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre y así lo ha defendido durante toda la negociación. Ello debería verse reflejado en la magnitud de la caída del saldo neto de España.
En cuarto lugar, el principio de calidad. El Gobierno ha defendido la importancia que determinados fondos tienen para España y para Europa, en el sentido del valor añadido que aportan para la modernización de nuestras economías. Éste es el caso de los fondos para el Espacio Europeo de Educación, para infraestructuras transeuropeas, de los fondos de biodiversidad (en el marco del programa Red Natura) y, sobre todo, de los fondos para Investigación, más Desarrollo, más Innovación de la categoría de competitividad o categoría 1A.
Con respecto a la Política Agraria Común, queremos una PAC que garantice el mantenimiento de la actividad por parte de los agricultores, priorizando un desarrollo rural que favorezca una mayor vertebración y cohesión territorial. Y, con respecto a los fondos para competitividad, la llamada categoría 1A, como antes subrayaba, España defendió que los fondos pudieran tener una dimensión nacional, coherente con la renovada Estrategia de Lisboa que otorga una mayor dimensión nacional a las políticas destinadas a extender la Sociedad del Conocimiento y de la Innovación.
Finalmente, con respecto a los ingresos España ha defendido un sistema más transparente y sencillo, en el que cada país pague lo que le corresponda. Por ello, defendemos un sistema de ingresos fundamentalmente basado en el recurso al Producto Nacional Bruto. Este principio no encaja con el mantenimiento del "cheque británico", por lo que hemos mantenido que, al menos, se congele y no hemos apoyado el mecanismo de compensaciones generalizadas, por su arbitrariedad.
Por último, Señorías, y como buena prueba de que la Unión no se detiene, permítanme que cite, también brevemente, otros asuntos que fueron objeto de seguimiento y que aparecen recogidos en las Conclusiones del Consejo; asuntos que, en general, y conviene subrayarlo, son muy importantes para España y figuran entre nuestras prioridades. En el marco del nuevo enfoque de la Estrategia de Lisboa, el Consejo aprobó una serie de directrices integradas que cubren los ámbitos macroeconómico, microeconómico y de empleo.
El Consejo Europeo ha aprobado también la "Declaración sobre los principios básicos para el desarrollo sostenible", que servirá para elaborar una nueva estrategia de la Unión en este ámbito. El Consejo sigue considerando prioritario el desarrollo y refuerzo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, en línea con las posiciones de España. Así, se ha impulsado la revisión y evaluación del Plan de lucha contra el terrorismo y se ha aprobado la adopción del Plan de acción para la aplicación del Programa de La Haya.
Finalmente, las Conclusiones del Consejo contienen un apartado exhaustivo sobre los principales aspectos de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Se abordan, así, temas como el Proceso de Barcelona, la preparación de la Cumbre de Naciones Unidas del próximo mes de septiembre, la situación en los Balcanes occidentales, la política europea de vecindad, las relaciones transatlánticas y las relaciones con Rusia, Asia y América Latina. El Consejo aprobó también el último informe semestral sobre los progresos realizados en materia de Política Exterior, de Seguridad y Defensa.
Señorías, para terminar, permítanme realizar una reflexión de carácter general. Después de este Consejo Europeo me reafirmo en mi convicción de que Europa sigue siendo el futuro, la mejor solución para los retos que nos plantea el mundo actual. Es cierto que nos encontramos en una situación complicada, pero no es la primera vez ni será la última que la Unión se enfrenta a dificultades y las acaba superando. La superación de las dificultades permite siempre crecer y madurar.
Por mi parte, estoy razonablemente satisfecho por las decisiones adoptadas en relación con la Constitución Europea. Me parece que hemos sabido salvaguardar el proceso de ratificación, dándonos tiempo y oportunidad para analizar mejor y sin presión su desarrollo. En el tema de las Perspectivas Financieras hemos podido constatar que no se daban las circunstancias para el acuerdo. No debemos dramatizar esta situación, sino intentar comprenderla en relación con la magnitud de las nuevas circunstancias en que la Unión se encuentra en la actualidad. Se trata, quiero subrayarlo, del primer intento de fijar un Marco Financiero para la Unión ampliada a 25 y luego a 27. Esto plantea no pocos interrogantes y exige ajustes en la definición de nuestros intereses nacionales y de la solidaridad de todos los Estados miembros.
En todo caso, las nuevas Perspectivas Financieras deben entrar en vigor en el primero de enero de 2007. Quedan, por ello, doce meses para llegar a un acuerdo que permita el normal funcionamiento presupuestario de la Unión a partir de 2007. Estoy convencido de que sabremos estar a la altura de lo que nos demandan nuestras sociedades y de que dentro de ese plazo llegaremos a un acuerdo satisfactorio para todos. Mientras tanto, la Unión Europea no se detendrá ni, por supuesto, dará marcha atrás. Por profundas que sean las diferencias entre algunos Estados miembros, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, mucho más lo que nos necesitamos unos a otros.
El camino recorrido hacia la Unión Económica y Monetaria, el Mercado Único, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, la elaboración de una Política Exterior y de Seguridad Común, y el embrión de una defensa europea es hoy irrenunciable para todos los Estados miembros. No hay, repito, vuelta atrás. La Unión Europea sigue constituyendo para todos una garantía de seguridad, prosperidad y paz a la que no podemos renunciar. Sus Señorías pueden tener la seguridad de que, por grandes que sean los obstáculos en este camino, el Gobierno español continuará conciliando la defensa firme de nuestros intereses con una actitud constructiva destinada a fortalecer los vínculos que nos unen y a relanzar el proceso de construcción europea, en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión.
En momentos de incertidumbre, el compromiso de España y de su Gobierno con Europa es todavía más firme. Así nos lo exigen nuestros ciudadanos y no podemos defraudarles. Si hemos de dar un paso adelante por Europa, mi Gobierno lo seguirá dando con decisión porque nos jugamos mucho. Es, sin duda alguna, nuestro proyecto colectivo más ambicioso.
Muchas gracias.