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La UPV facilita a presos etarras acceder a las plazas de profesores y cobrar en prisión

El parlamentario del PP vasco y portavoz en materia de universidades, Iñaki Ortega, ha denunciado que la Universidad del País Vasco está reservando plazas de profesores contratados para presos de ETA. El Boletín Oficial vasco favorece a los presos etarras a la hora de ser nombrados profesores, e incluso les permite cobrar su sueldo de profesor universitario dentro de la cárcel. Hace dos semanas, también en la UPV, fue designado representante de los alumnos uno procesado por terrorismo callejero.

El parlamentario del PP vasco y portavoz en materia de universidades, Iñaki Ortega, ha denunciado que la Universidad del País Vasco está reservando plazas de profesores contratados para presos de ETA. El Boletín Oficial vasco favorece a los presos etarras a la hora de ser nombrados profesores, e incluso les permite cobrar su sueldo de profesor universitario dentro de la cárcel. Hace dos semanas, también en la UPV, fue designado representante de los alumnos uno procesado por terrorismo callejero.
L D (Europa Press) Iñaki Ortega dice que la UPV ha sacado una convocatoria en la que crea una bolsa de profesores para que, cuando sea necesario contratar a alguno de ellos, se contraten los que figuran en esa bolsa. El parlamentario popular denunció que la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, establece que si en 48 horas una persona de las que figuran en esa bolsa no ha respondido quedará excluido y se pasará al siguiente, salvo algunas excepciones, entre las que figura la privación de libertad hasta que no recaiga sentencia condenatoria.
 
Ortega precisa que esto, en la práctica, significa dar un trato de privilegio a los presos de ETA para poder conseguir plaza de profesor en la UPV ya que, al mantenerse en esa lista de profesores, cuando salgan de prisión, estarán en cabeza y serán los primeros a los que se llame para ser contratados en la Universidad.
 
Por este motivo, el parlamentario popular ha presentado una proposición no de Ley en el Parlamento vasco, con el fin de que el Ejecutivo de Euskadi adopte cuantas medidas sean necesarias para impedir que cualquier actuación de los órganos de la UPV privilegie a los docentes encarcelados por colaboración con ETA.
 
También plantea en esta proposición que el Parlamento vasco inste a la universidad a que impida el abono de sus sueldos a los profesores etarras mientras estén en prisión ya que, recuerda que el rectorado tomó la decisión de seguir pagando el 75 por ciento de los sueldos a los profesores encarcelados sin sentencia firme a pesar de no desarrollar ninguna actividad universitaria.
 
Irregularidades en la elección de representantes de estudiantes
 
El parlamentario popular también acusa a la dirección de la Universidad del País Vasco de no haber hecho nada contra las irregularidades en la elección de los representantes de los estudiantes, de la que finalmente salió elegido un procesado por colaborar con banda armada, Galder González, como presidente del Consejo de Estudiantes Central.
 
Según Ortega, en la jornada electoral para elegir a los representantes de los estudiantes en el Claustro y los respectivos Consejos de Estudiantes, celebradas el 2 de diciembre de 2004, se produjeron varios incidentes, con presencia de carteles y pancartas intimidatorias, agresiones y amenazas a estudiantes por parte de grupos radicales y boicoteo de actos electorales.
 
Además, asegura en una solicitud de comparecencia del rector de la UPV registrada en el Parlamento vasco, se dieron "numerosas irregularidades tales como desaparición de papeletas de candidaturas de estudiantes no vinculadas a los radicales, aceptación de documentos de identificación no oficiales e incluso disposición de fondos, a todas luces irregulares, por parte de candidaturas cercanas al mundo radical". Recuerda que en marzo se celebró la Asamblea de Representantes y "tras numerosas irregularidades" se eligió como presidente del Consejo de Estudiantes Central al miembro de Ikaste Abertzaleak, Galder González, que está procesado por colaboración con banda armada.
 
El parlamentario del PP se queja en su escrito de que hasta la fecha ni el rectorado, ni la Comisión Electoral General han tomado medida alguna cuando, asegura, conocen estos hechos.

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