L D (Europa Press) El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó este jueves que "hay que investigar" a los batasunos del Partido Comunista de las Tierras Vascas porque, a su juicio, existen "indicios suficientes" y no se puede hacer "la política del avestruz" ni "mirar para otro lado", al tiempo que señaló que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, debería haber actuado contra esta formación política con anterioridad a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.
"Creo que hay que investigar esas cosas, hay que saberlo todo y la verdad es que da la impresión de que hay indicios suficientes que justifican la investigación", indicó Barreda. Tras citar informaciones periodísticas que hacen referencia a interventores y miembros del PCTV relacionados con el entorno batasuno, Barreda rechazó que se haga "la política del avestruz" o que se mire "para otro lado" en este asuntos. "Hay que saber, el Estado democrático y de Derecho tiene que conocer cuál es la realidad y actuar en consecuencia", aseveró.
Preguntado sobre si estima que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, debería haber emprendido acciones contra el PCTV, Barreda respondió que sí, aunque no quiso entrar a realizar "juicios de valor" sobre los motivos que justifican que no iniciara el proceso de ilegalización de la formación. "Creo sinceramente que eso se tiene que investigar y se debe saber", concluyó, en referencia a la posibilidad de una relación entre el PCTV y el mundo batasuno.
Curiosamente, el compañero de partido de Barreda y ahora ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha dicho que el Gobierno continúa con "la guardia muy alta" recabando información "todos los días" sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas, pero recordó que ese paso se tiene dar con "prueba fehacientes y validables ante los tribunales" y no "echando mano de presunciones".
Pero los datos recabados por la policía son contundentes.Según informa El País, el porcentaje de apoderados vinculados, sea con los sucesivos brazos políticos de la banda terrorista (55,4%) o directamente con las propias estructuras etarrras (5,9%), se eleva a un 61,3%. Todos estos datos que ha ido conociendo la Fiscalía en los últimos meses se vienen incorporando a los ya aportados por anteriores informes que apuntaban la financiación y organización de la infraestructura de los batasunos de las Tierras Vascas desde la ilegalizada Batasuna.