L D (Agencias) Según el documento de archivo, la fiscalía ha entendido que, en los hechos investigados, no existe "una situación de injusticia" ni "una situación próxima al abuso de poder", por lo que se descarta "la existencia de responsabilidades criminales".
El archivo se refiere tanto a los hechos ocurridos hasta 1994 con el grupo de sociedades de FG, en el que estas responsabilidades criminales estarían "prescritas", como a las "conductas" que se produjeron en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 1996 que, a su juicio, no revisten "caracteres de delito". En estos seis meses que se ha prolongado la investigación de la fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción ha tomado declaración a varios responsables de la CNMV, ha estudiado varios documentos aportados por la Cadena SER y Merrill Lynch, una denuncia formulada por Carlos Morales Martinol y otra información procedente de Caja Burgos, la CAM y Caja Castilla-La Mancha.
Pese a decretar el cierre de las investigaciones, el fiscal Daniel Campos, encargado de la investigación, piensa que podría existir manipulación contable, aunque "los hechos estarían en todo caso prescritos" por haberse producido en diciembre de 1994. Asimismo, según el fiscal, está acreditada "la existencia de operaciones intragrupo dentro del consolidable FG ante la CNMV para remediar un desfase contable en torno a los 800 millones de pesetas" (4,8 millones de euros).
También el escrito asegura que "no se produjo perjuicio alguno a los clientes", en línea con lo afirmado por el presidente del BBVA, Francisco González, pues "a pesar de lo abultado del 'agujero' en términos relativos y en consideración al total de recursos propios de la entidad, ni se produjo ni hubo riesgo de insolvencia". Entre los inversores, perdieron la Caja de Ahorros Municipal de Burgos (31,9 millones de pesetas; 191.722 euros) y la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (203,99 millones de pesetas; 1,22 millones de euros), pero ganó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (49,56 millones de pesetas; 297.861 euros).
Respecto a las actuaciones desarrolladas por la CNMV, que archivó el pasado mes de enero las actuaciones que había iniciado, el fiscal cree que "una eventual responsabilidad" por la pérdida de los documentos relacionados con la operación entre FG-Valores y Merril Lynch "habría prescrito". El documento señala al director de Sujetos de Mercado de la CNMV, Ramiro Martínez-Pardo, como la persona que recibió información del descubierto de FG-Valores y que, a pesar de no haberla transmitido al presidente ni al vicepresidente, no cometió "un delito de prevaricación".
La polémica sobre FG Valores estalló el pasado mes de enero, cuando el organismo supervisor informó de que la Cadena SER le había hecho llegar unos documentos del año 1996 en los que se hablaba sobre presuntas irregularidades contables en la citada sociedad de valores, detectadas en el momento de su venta a Merrill Lynch. El presidente del BBVA siempre ha insistido en que la operación de compra venta de su sociedad de valores, por valor de 3.700 millones de pesetas (22,24 millones de euros), se produjo "sin irregularidad alguna, en las condiciones económicas inicialmente pactadas y manteniendo informado al regulador".
No obstante, sí hubo un cambio, ya que como reconoce el propio González la transacción se configuró en principio como una compra de las acciones de la sociedad FG Valores y finalmente sólo se adquirieron sus activos. González sostiene que llegó a un acuerdo con Merrill Lynch (ML) para la venta de su sociedad el 14 de febrero de 1996 y que no tuvo conocimiento de la existencia de "posibles deficiencias contables" en FG Valores hasta el mes de julio de ese año. González informó a la CNMV el 22 de julio de 1996 en una carta dirigida al jefe de la División de Sujetos del Mercado, Ramiro Martínez Pardo, donde precisaba que, al ser operaciones intragrupo, los balances consolidados siempre habrían reflejado una imagen fiel de la compañía. Por tanto, en ningún caso "se habría podido causar perjuicios de ningún tipo a terceros, ni se habría visto afectada en ningún momento la solvencia del grupo".
El archivo se refiere tanto a los hechos ocurridos hasta 1994 con el grupo de sociedades de FG, en el que estas responsabilidades criminales estarían "prescritas", como a las "conductas" que se produjeron en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 1996 que, a su juicio, no revisten "caracteres de delito". En estos seis meses que se ha prolongado la investigación de la fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción ha tomado declaración a varios responsables de la CNMV, ha estudiado varios documentos aportados por la Cadena SER y Merrill Lynch, una denuncia formulada por Carlos Morales Martinol y otra información procedente de Caja Burgos, la CAM y Caja Castilla-La Mancha.
Pese a decretar el cierre de las investigaciones, el fiscal Daniel Campos, encargado de la investigación, piensa que podría existir manipulación contable, aunque "los hechos estarían en todo caso prescritos" por haberse producido en diciembre de 1994. Asimismo, según el fiscal, está acreditada "la existencia de operaciones intragrupo dentro del consolidable FG ante la CNMV para remediar un desfase contable en torno a los 800 millones de pesetas" (4,8 millones de euros).
También el escrito asegura que "no se produjo perjuicio alguno a los clientes", en línea con lo afirmado por el presidente del BBVA, Francisco González, pues "a pesar de lo abultado del 'agujero' en términos relativos y en consideración al total de recursos propios de la entidad, ni se produjo ni hubo riesgo de insolvencia". Entre los inversores, perdieron la Caja de Ahorros Municipal de Burgos (31,9 millones de pesetas; 191.722 euros) y la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (203,99 millones de pesetas; 1,22 millones de euros), pero ganó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (49,56 millones de pesetas; 297.861 euros).
Respecto a las actuaciones desarrolladas por la CNMV, que archivó el pasado mes de enero las actuaciones que había iniciado, el fiscal cree que "una eventual responsabilidad" por la pérdida de los documentos relacionados con la operación entre FG-Valores y Merril Lynch "habría prescrito". El documento señala al director de Sujetos de Mercado de la CNMV, Ramiro Martínez-Pardo, como la persona que recibió información del descubierto de FG-Valores y que, a pesar de no haberla transmitido al presidente ni al vicepresidente, no cometió "un delito de prevaricación".
La polémica sobre FG Valores estalló el pasado mes de enero, cuando el organismo supervisor informó de que la Cadena SER le había hecho llegar unos documentos del año 1996 en los que se hablaba sobre presuntas irregularidades contables en la citada sociedad de valores, detectadas en el momento de su venta a Merrill Lynch. El presidente del BBVA siempre ha insistido en que la operación de compra venta de su sociedad de valores, por valor de 3.700 millones de pesetas (22,24 millones de euros), se produjo "sin irregularidad alguna, en las condiciones económicas inicialmente pactadas y manteniendo informado al regulador".
No obstante, sí hubo un cambio, ya que como reconoce el propio González la transacción se configuró en principio como una compra de las acciones de la sociedad FG Valores y finalmente sólo se adquirieron sus activos. González sostiene que llegó a un acuerdo con Merrill Lynch (ML) para la venta de su sociedad el 14 de febrero de 1996 y que no tuvo conocimiento de la existencia de "posibles deficiencias contables" en FG Valores hasta el mes de julio de ese año. González informó a la CNMV el 22 de julio de 1996 en una carta dirigida al jefe de la División de Sujetos del Mercado, Ramiro Martínez Pardo, donde precisaba que, al ser operaciones intragrupo, los balances consolidados siempre habrían reflejado una imagen fiel de la compañía. Por tanto, en ningún caso "se habría podido causar perjuicios de ningún tipo a terceros, ni se habría visto afectada en ningún momento la solvencia del grupo".