L D (Europa Press) Joan Ridao señaló que la polémica sobre el excluyente es ya "un fuego extinguido" que halló solución esta misma semana, cuando la ponencia acordó adoptar la propuesta de ERC que definía las competencias exclusivas de forma análoga a como lo hace la Constitución Europea, y aseguró que la invocación a los derechos históricos tiene otra finalidad.
El ponente de ERC explicó que la referencia a los derechos históricos tiene por objetivo "preservar y reforzar el carácter exclusivo de algunas competencias que el PSC no quiere que sean exclusivas, sino en todo caso concurrentes, y que en el Estatut de 1979 son exclusivas".
Se trata de materias como cultura, lengua, derecho civil, organización de la Generalidad y seguridad, según la propuesta republicana, y a las que CiU añade educación, régimen local y financiación. La exclusividad de estas competencias, que excepto en financiación, educación y seguridad ya garantiza el actual Estatuto, se ve en peligro por las atribuciones que la Constitución confiere al Estado en parte de ellas.
"Aquí, el término excluyente no tiene ninguna operatividad, porque el PSC no acepta que sean exclusivas", afirmó Ridao. Además, en aquellas materias que no están en el Estatuto vigente, la invocación a los derechos históricos "sirve para ampliar su alcance", señaló Ridao, y puso como ejemplo la seguridad pública.
Convertir la negociación en un "mercado persa"
Para Ridao, la propuesta de intercambiar "excluyente" por derechos históricos, además de no tener sentido, convierte la negociación del Estatuto "en un mercado persa", en el que además este canje resultaría "un pésimo negocio".
El portavoz parlamentario de ERC se mostró "convencido" de que "el PSC recapacitará" en este tema "para no quedarse solo con el PP" en una cuestión "tan importante como las competencias". Ridao insistió además en defender la constitucionalidad del precepto de los derechos históricos, "que la Constitución recoge y ampara, que se pueden actualizar a través de los Estatuts y que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, no son privativos de ningún territorio".
Según Ridao, la invocación a estos derechos supone "garantizar algunas limitaciones de las bases estatales y una correcta interpretación de algunas competencias catalanas". "¿Es tan grave esto?", preguntó.