L D (EFE) En una entrevista con la cadena SER, el ministro de Trabajo afirmó que la alta tasa de temporalidad es una "importante preocupación" del Gobierno, y añadió que, por eso, tiene esa cuestión como su "hoja de ruta" en el diálogo social.
Según Caldera, el Gobierno esperaba que en este trimestre se produjera un crecimiento en la temporalidad por el proceso de legalización de trabajadores extranjeros, puesto que una parte importante de su trabajo se concentra en actividades estacionales, como agricultura, construcción y hostelería (el incremento fue desde el 31 por ciento del primer trimestre, al 33 por ciento).
Caldera dijo que la temporalidad en España tiene también otro componente, relacionado con la rotación, y señaló que, según datos de la Seguridad Social, el 95 por ciento de los afiliados cotiza durante todo el año, lo que significa que lo hace con el encadenamiento de sucesivos contratos temporales. De esto, añadió, se derivan situaciones como la de los trabajadores que son despedidos en los meses estivales para una posterior contratación pasado el periodo vacacional, motivo por el que aumentó el desempleo en agosto el pasado año.
El ministro afirmó que "esta cultura es la que hay que combatir, porque es la que impide a los jóvenes que hagan un proyecto de vida", e incidió en que es "donde hay que centrar el impulso del diálogo social, que se continuará en septiembre". Así, el ministro manifestó la necesidad de combinar la flexibilidad en el mercado laboral –que de confianza a los empresarios para poder pasar del contrato temporal al indefinido–, y la seguridad, a través de la modificación de la normativa de contratación para evitar estos "abusos".
En cuanto a la función de la inspección de trabajo para detectar fraudes en la contratación de inmigrantes de forma irregular, Caldera afirmó que hasta el momento se han dado "pocos casos", pese a que se ha reforzado la inspección (este año se van a realizar casi 500.000 inspecciones), y anunció que a partir de ahora cada año convocará cien nuevas plazas para investigar la economía sumergida.
Sobre la Seguridad Social, dijo que vive "el mejor momento de su historia", y tras recordar que desde 1998 tiene superávit, que "incluso podría llegar hasta 2020, aseguró que "nadie tiene que tener temor", porque las pensiones están "más garantizadas que nunca". En este sentido, aseveró que lo que tiene que hacer un Gobierno "responsable" son algunos cambios de estabilización para consolidar el sistema, puesto que cada vez la población es más longeva.
Explicó que aunque la media de jubilación está en los 62 años, el Gobierno propone "estimular" al trabajador para que la retrase, a fin de que reciba mejor pensión en el futuro y el sistema tenga ingresos suficientes para mantener el pago de pensiones. En cuanto a las prejubilaciones, manifestó que no hay que "despilfarrar" el capital humano y hay que dejarlas sólo para casos de crisis.
Según Caldera, el Gobierno esperaba que en este trimestre se produjera un crecimiento en la temporalidad por el proceso de legalización de trabajadores extranjeros, puesto que una parte importante de su trabajo se concentra en actividades estacionales, como agricultura, construcción y hostelería (el incremento fue desde el 31 por ciento del primer trimestre, al 33 por ciento).
Caldera dijo que la temporalidad en España tiene también otro componente, relacionado con la rotación, y señaló que, según datos de la Seguridad Social, el 95 por ciento de los afiliados cotiza durante todo el año, lo que significa que lo hace con el encadenamiento de sucesivos contratos temporales. De esto, añadió, se derivan situaciones como la de los trabajadores que son despedidos en los meses estivales para una posterior contratación pasado el periodo vacacional, motivo por el que aumentó el desempleo en agosto el pasado año.
El ministro afirmó que "esta cultura es la que hay que combatir, porque es la que impide a los jóvenes que hagan un proyecto de vida", e incidió en que es "donde hay que centrar el impulso del diálogo social, que se continuará en septiembre". Así, el ministro manifestó la necesidad de combinar la flexibilidad en el mercado laboral –que de confianza a los empresarios para poder pasar del contrato temporal al indefinido–, y la seguridad, a través de la modificación de la normativa de contratación para evitar estos "abusos".
En cuanto a la función de la inspección de trabajo para detectar fraudes en la contratación de inmigrantes de forma irregular, Caldera afirmó que hasta el momento se han dado "pocos casos", pese a que se ha reforzado la inspección (este año se van a realizar casi 500.000 inspecciones), y anunció que a partir de ahora cada año convocará cien nuevas plazas para investigar la economía sumergida.
Sobre la Seguridad Social, dijo que vive "el mejor momento de su historia", y tras recordar que desde 1998 tiene superávit, que "incluso podría llegar hasta 2020, aseguró que "nadie tiene que tener temor", porque las pensiones están "más garantizadas que nunca". En este sentido, aseveró que lo que tiene que hacer un Gobierno "responsable" son algunos cambios de estabilización para consolidar el sistema, puesto que cada vez la población es más longeva.
Explicó que aunque la media de jubilación está en los 62 años, el Gobierno propone "estimular" al trabajador para que la retrase, a fin de que reciba mejor pensión en el futuro y el sistema tenga ingresos suficientes para mantener el pago de pensiones. En cuanto a las prejubilaciones, manifestó que no hay que "despilfarrar" el capital humano y hay que dejarlas sólo para casos de crisis.