L D (Agencias) La titular del juzgado de Roquetas, Estefanía López, ha decretado libertad provisional para los nueve agentes imputados por la muerte de Juan Martinez Galdeano en el cuartel de esa localidad almeriense.
En el auto judicial, según ha difundido la Agencia Efe, la jueza entiende que "en el momento actual de la investigación y a la espera de los resultados forenses definitivos", "no puede afirmarse contundentemente la relación causal entre la actuación de los imputados y el fallecimiento del detenido".
El auto, en el que la jueza se refiere sólo al teniente y al guardia civil para quienes el fiscal pedía prisión provisional (la defensa sólo pedía esa medida para el teniente), agrega que "ciertamente, del material gráfico y de las declaraciones vertidas por los imputados en las actuaciones parece inferirse la presencia de una extralimitación en sus funciones y de una actividad presuntamente delictiva". Sostiene que no cree que puedan sustraerse a la acción de la justicia y que al estar ambos suspendidos de sus funciones, "tampoco se puede temer una reiteración delictiva".
Y aclara que la finalidad de la prisión provisional como medida cautelar, agrega el auto, "no es que el encartado abone por adelantado la pena que pueda imponersele caso de ser condenado, ni mucho menos satisfacer las exigencias de la opinión pública". Entiende por ello que "la alarma social y el clamor popular no pueden fundamentar una medida cautelar de la envergadura de la prisión preventiva, ni pueden nublar la perspectiva de la actuación judicial que ha de caracterizarse por la prudencia, la independencia y, por encina de todo, la legalidad".
"Por todo ello, al margen de los indicios de criminalidad existentes en la causa, lo cierto es que no se verifica la concurrencia de ninguno de los fines legalmente establecidos para poder acordar la prisión preventiva", agrega el auto que desestima así la prisión provisional.
El auto, en el que la jueza se refiere sólo al teniente y al guardia civil para quienes el fiscal pedía prisión provisional (la defensa sólo pedía esa medida para el teniente), agrega que "ciertamente, del material gráfico y de las declaraciones vertidas por los imputados en las actuaciones parece inferirse la presencia de una extralimitación en sus funciones y de una actividad presuntamente delictiva". Sostiene que no cree que puedan sustraerse a la acción de la justicia y que al estar ambos suspendidos de sus funciones, "tampoco se puede temer una reiteración delictiva".
Y aclara que la finalidad de la prisión provisional como medida cautelar, agrega el auto, "no es que el encartado abone por adelantado la pena que pueda imponersele caso de ser condenado, ni mucho menos satisfacer las exigencias de la opinión pública". Entiende por ello que "la alarma social y el clamor popular no pueden fundamentar una medida cautelar de la envergadura de la prisión preventiva, ni pueden nublar la perspectiva de la actuación judicial que ha de caracterizarse por la prudencia, la independencia y, por encina de todo, la legalidad".
"Por todo ello, al margen de los indicios de criminalidad existentes en la causa, lo cierto es que no se verifica la concurrencia de ninguno de los fines legalmente establecidos para poder acordar la prisión preventiva", agrega el auto que desestima así la prisión provisional.
La Fiscalía pedía más pena que la acusación
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Almería, Juan Manuel de Oña, informó de que "en virtud de la utilización de medios agresivos y violentos en la reducción del detenido y por una posible extralimitación en sus funciones" ha solicitado "la prisión del teniente y de uno de los guardias civiles".
En declaraciones a los periodistas, De Oña aseguró que esa solicitud se efectúa porque "puede existir un delito de actitud degradante". Para el resto de agentes implicados, según detalló el fiscal, se ha pedido "libertad provisional con obligación de comparecer ante el juzgado" cuando se estime oportuno. Entendió que "ha habido un exceso en el cumplimiento de sus funciones" en el caso del teniente y del otro agente para el que solicitó el ingreso en prisión, aunque precisó que "será la juez la que tiene la competencia para decidir sobre la situación personal de los imputados".
Añadió que hasta ahora "la Fiscalía no había adoptado ninguna postura de ningún tipo, por lo tanto, es incomprensible que se puede hablar de endurecimiento o no endurecimiento" de su postura. Afirmó que "hemos esperado a la terminación de las declaraciones de los imputados para tomar una decisión que nos parece la correcta y la que es conforme a derecho". Ahora, según consideró, es "la señora juez a la quien compete tomar una decisión última sobre derechos personales y fundamentales de la persona".
La acusación reclamaba prisión sólo para el teniente
El abogado de la acusación ejercida por la familia, José Ramón Cantalejo, pidió a la jueza la prisión provisional para el teniente por la "alarma social" generada tras la muerte del agricultor y libertad con cargos para el resto de los imputados.