L D (Europa Press) El portavoz adjunto al presidente de la organización, Ángel García Echevarria, aseguró en rueda de prensa que este brote ha supuesto un perjuicio importante a la sanidad pública, que debería exigir a la empresa la correspondiente indemnización del coste de los tratamientos. Del mismo modo, Echevarría pidió a los consumidores afectados que exijan a la empresa las correspondientes indemnizaciones y les ha ofrecido sus servicios jurídicos para analizar cada caso concreto.
En el informe, donde se señala que serán más de 4 millones de euros los gastos que generará el brote de salmonelosis para los servicios públicos de salud, calculados a partir de los datos del último brote en la UE en 2002, consta también que la estimación de las indemnizaciones a los afectados, que tendrá que abonar Nutreco España, responsable de la marca ‘SADA’.
Echevarría afirmó que "la empresa tiene la obligación legal de indemnizar a los afectados en las cuantías que establece la Ley” y recalcó que la empresa únicamente se ha limitado a paralizar la producción y retirar el producto del mercado, pero tiene que responder "por los graves perjuicios causados a un número importante de personas". Tampoco descartó que otras empresas del sector soliciten indemnizaciones por la merma que este brote haya podido causar en sus beneficios.
Por otro lado, la subdirectora de los Servicios Jurídicos de AUSBANC, María José Luna, criticó la actuación de la Administración Pública, Junta de Castilla-La Mancha y Ministerio de Sanidad, ante una "crisis mal gestionada", y en este sentido, manifestó su "desconcierto" por el hecho de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, dependiente del Ministerio, no haya activado el pertinente procedimiento de actuación.
"Este brote ha sido percibido por la opinión pública como una alarma social, y supone un riesgo para la salud, dado que ha fallecido una persona” afirmó Luna, “por tanto, cumple al menos tres de los cuatro requisitos exigidos para activar el procedimiento". Junto a ello, también criticó que la Administración se limite a aceptar los sistemas de autocontrol de las empresas sin realizar ninguna inspección.