L D (Europa Press) La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha asegurado que el uso público de la piscina "nunca hubiera podido ejercerse con un mínimo de solvencia en cuanto a la accesibilidad y seguridad". Por este motivo, dijo que el Gobierno central ha exigido a Pedro J. que ponga los medios para posibilitar un acceso seguro a la piscina, situación que, a su juicio, "no está en absoluto garantizada".
Narbona hizo estas declaraciones en la isla de Cabrera, donde participó en la suelta de tres tortugas marinas recuperadas por la Fundación Marineland, en un acto en el que también participaron el presidente del Govern, Jaume Matas, el Delegado del Gobierno, Ramón Socías, el conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, y la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer.
Preguntada acerca de la decisión de miembros de ERC de ejercer el derecho de paso por la piscina de Pedro J., indicó que es la administración de justicia y no el Ministerio de Medio Ambiente quien debe de juzgar estos hechos. A pesar de ello, consideró que no fue "la forma adecuada de acceder a una piscina cuyas condiciones de acceso son absolutamente inseguras".
Igualmente, la ministra indicó que el litoral de Baleares es uno de los que registran mayor número de irregularidades en cuanto al uso del dominio público marítimo-terreste.. Así, aseveró que precisamente el Gobierno central quiere recuperar el derecho de todos los ciudadanos a usar este espacio. "Ojalá se estuviera cumpliendo la Ley de Costas en toda España",añadió.
Según reconoció, "hay muchas partes del territorio de nuestro litoral donde el uso del dominio público se encuentra interrumpido por razones de todo tipo y condición". Por ello, subrayó que el Ministerio de Medio Ambiente ha encargado un trabajo, ya adjudicado, con el fin de recupear el uso y el dominio público de determinados tramos del litoral mallorquín.
Narbona denunció que "se han acumulado muchas situaciones de clara dejación de responsabilidades, tanto por parte del Govern como, en anteriores legislaturas, por parte del Ministerio, impidiendo así a los ciudadanos ejercer el uso del dominio público del litoral".
Narbona afirmó también que el Gobierno será "selectivo" a la hora de adquirir suelo público en la costa y subrayó que este proceso responderá a criterios "lo más objetivos posibles", que serán concertados "al máximo" con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones ecologistas.