L D (EFE) El Gobierno catalán ha exigido "lealtad institucional" al Ejecutivo central, después de haber conocido por la prensa tres informes sobre el Estatuto ordenados por el Ministerio de Administraciones Públicas, que considera "inaceptables", y ha encargado un "contrainforme" para rebatir la supuesta inconstitucionalidad del texto estatutario.
Los tres informes elaborados por expertos juristas cuestionan la reforma del Estatuto planteada por el tripartito catalán al estimar que "la ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución", por lo que su encargo y difusión pública han provocado un fuerte rechazo y una contundente respuesta por parte de la Generalidad.
El consejero de Relaciones Institucionales de la Generalidad, Joan Saura, ha acusado al Gobierno de "no estar ayudando" en la reforma estatutaria y ha considerado "inaceptable" que opte por "dirimir las diferencias políticas" a través de "filtraciones a los medios de comunicación", porque esta vía puede conducirnos a una "dinámica infernal". Saura ha anunciado que este mismo viernes ha encargado a Carles Viver Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios Autonómicos –organismo de la Generalidad que elaboró los primeros borradores del nuevo Estatuto–, "un contrainforme al informe de estos expertos" para contrarrestar las observaciones sobre posible inconstitucionalidad.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, ha recordado por su parte que actualmente el "ámbito de decisión" respecto al Estatuto de Cataluña está en esta comunidad y les "corresponde a los responsables políticos catalanes". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha insistido en que la postura del Gobierno respecto a las reformas estatutarias es la de trabajar para lograr un buen Estatuto "en Cataluña y en el resto de los territorios sobre la base de las tres "ces": consenso, Constitución y ciudadanos". La vicepresidenta primera ha reiterado que "esos son los límites y nuestros objetivos y el ámbito del campo de juego y a ello debemos atenernos".
Los tres informes elaborados por expertos juristas cuestionan la reforma del Estatuto planteada por el tripartito catalán al estimar que "la ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución", por lo que su encargo y difusión pública han provocado un fuerte rechazo y una contundente respuesta por parte de la Generalidad.
El consejero de Relaciones Institucionales de la Generalidad, Joan Saura, ha acusado al Gobierno de "no estar ayudando" en la reforma estatutaria y ha considerado "inaceptable" que opte por "dirimir las diferencias políticas" a través de "filtraciones a los medios de comunicación", porque esta vía puede conducirnos a una "dinámica infernal". Saura ha anunciado que este mismo viernes ha encargado a Carles Viver Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios Autonómicos –organismo de la Generalidad que elaboró los primeros borradores del nuevo Estatuto–, "un contrainforme al informe de estos expertos" para contrarrestar las observaciones sobre posible inconstitucionalidad.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, ha recordado por su parte que actualmente el "ámbito de decisión" respecto al Estatuto de Cataluña está en esta comunidad y les "corresponde a los responsables políticos catalanes". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega ha insistido en que la postura del Gobierno respecto a las reformas estatutarias es la de trabajar para lograr un buen Estatuto "en Cataluña y en el resto de los territorios sobre la base de las tres "ces": consenso, Constitución y ciudadanos". La vicepresidenta primera ha reiterado que "esos son los límites y nuestros objetivos y el ámbito del campo de juego y a ello debemos atenernos".
Indignación de los nacionalistas
El consejero primero de la Generalidad, Josep Bargalló, por su parte, ha dicho a la agencia Efe que "la Constitución tiene muchas lecturas, pero algunos dirigentes del PSOE y mucha gente más quieren imponer 'manu militari' cierta concepción de España, a través de una lectura determinada de la Carta Magna".
Bargalló ha pedido una "tregua" política de un mes entre los partidos para evitar que "declaraciones incendiarias", posibles "exabruptos" o "acusaciones malévolas" envenenen la negociación final del Estatuto catalán en septiembre. Los informes gubernamentales también han suscitado polémica entre las formaciones políticas catalanas.
CiU, a través del diputado autonómico y ponente del Estatuto Quico Homs, ha denunciado la existencia de "una operación del PSC y del PSOE para abortar el Estatut", mediante un "reparto de papeles entre Madrid y Barcelona", basado en una lectura centralista de la Carta Magna.
Ante los tres informes también ha reaccionado el secretario de organización del PSC, José Zaragoza, quien ha asegurado que "cuando llega la hora de la verdad, los extremos se retroalimentan y los que en Cataluña no quieren Estatut, como CiU, radicalizan sus posiciones, mientras que aquellos que se lo miran desde fuera expresan miedo a los cambios". "Alejado de los extremos aparece el PSC, que defiende la línea que combina constitucionalidad y ambición para el nuevo Estatut", ha añadido Zaragoza.
Carod dice que es "incuestionable" la apelación a los derechos históricos
El consejero primero de la Generalidad, Josep Bargalló, por su parte, ha dicho a la agencia Efe que "la Constitución tiene muchas lecturas, pero algunos dirigentes del PSOE y mucha gente más quieren imponer 'manu militari' cierta concepción de España, a través de una lectura determinada de la Carta Magna".
Bargalló ha pedido una "tregua" política de un mes entre los partidos para evitar que "declaraciones incendiarias", posibles "exabruptos" o "acusaciones malévolas" envenenen la negociación final del Estatuto catalán en septiembre. Los informes gubernamentales también han suscitado polémica entre las formaciones políticas catalanas.
CiU, a través del diputado autonómico y ponente del Estatuto Quico Homs, ha denunciado la existencia de "una operación del PSC y del PSOE para abortar el Estatut", mediante un "reparto de papeles entre Madrid y Barcelona", basado en una lectura centralista de la Carta Magna.
Ante los tres informes también ha reaccionado el secretario de organización del PSC, José Zaragoza, quien ha asegurado que "cuando llega la hora de la verdad, los extremos se retroalimentan y los que en Cataluña no quieren Estatut, como CiU, radicalizan sus posiciones, mientras que aquellos que se lo miran desde fuera expresan miedo a los cambios". "Alejado de los extremos aparece el PSC, que defiende la línea que combina constitucionalidad y ambición para el nuevo Estatut", ha añadido Zaragoza.
Carod dice que es "incuestionable" la apelación a los derechos históricos
Por su parte, el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, ha dicho que es "incuestionable" la apelación a los derechos históricos catalanes en el nuevo Estatuto, pero precisó que "otra cosa es a qué nos dan derecho; esto es negociable".
También ha salido al paso de los informes el presidente del Parlamento, Ernest Benach, quien ha exigido al Gobierno que "esta cordura que tantas veces nos reclaman desde el Estado, también se lo aplique", y que, en consecuencia, "deje trabajar" a los partidos catalanes en la reforma del Estatuto y no meta "presión".
El secretario de organización del PSOE, José Blanco, que este jueves alertó sobre los "maximalismo" del Estatut y sostuvo que el tripartito catalán habría perdido la confianza de los ciudadanos, ha dicho este jueves que "en absoluto" resulta incómoda para el PSOE y el Gobierno la postura que mantiene el PSC en torno a la reforma del Estatuto catalán.
También ha salido al paso de los informes el presidente del Parlamento, Ernest Benach, quien ha exigido al Gobierno que "esta cordura que tantas veces nos reclaman desde el Estado, también se lo aplique", y que, en consecuencia, "deje trabajar" a los partidos catalanes en la reforma del Estatuto y no meta "presión".
El secretario de organización del PSOE, José Blanco, que este jueves alertó sobre los "maximalismo" del Estatut y sostuvo que el tripartito catalán habría perdido la confianza de los ciudadanos, ha dicho este jueves que "en absoluto" resulta incómoda para el PSOE y el Gobierno la postura que mantiene el PSC en torno a la reforma del Estatuto catalán.