L D (EFE) Fuentes parlamentarias informaron de las líneas generales de esa reforma, avanzadas este martes por el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en la reunión que mantuvo en Fuerteventura con los portavoces parlamentarios de este área.
Los jueces serán quienes determinen la duración máxima de la pena. Los mayores de 18 años que cumplan condena permanecerán en el centro de menores, salvo en casos excepcionales en que el juez decida su paso a un centro penitenciario. La reforma supondrá, de hecho, la derogación definitiva de la posibilidad de que las disposiciones de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores se apliquen a los jóvenes de entre 18 y 21 años, posibilidad que actualmente está suspendida hasta el 1 de enero de 2007.
También aumentará la duración de las medidas cautelares -actualmente tres meses prorrogables otros tres- hasta seis meses ampliables tres más, así como el plazo para la prescripción de las faltas, que se eleva hasta los seis meses.
Los jueces serán quienes determinen la duración máxima de la pena. Los mayores de 18 años que cumplan condena permanecerán en el centro de menores, salvo en casos excepcionales en que el juez decida su paso a un centro penitenciario. La reforma supondrá, de hecho, la derogación definitiva de la posibilidad de que las disposiciones de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores se apliquen a los jóvenes de entre 18 y 21 años, posibilidad que actualmente está suspendida hasta el 1 de enero de 2007.
También aumentará la duración de las medidas cautelares -actualmente tres meses prorrogables otros tres- hasta seis meses ampliables tres más, así como el plazo para la prescripción de las faltas, que se eleva hasta los seis meses.
El ministro de Justicia resaltó el balance "netamente positivo" de la Ley del Menor, pero justificó la necesidad de su reforma por el mandato de la modificación legal de 2003 de sancionar con más firmeza los delitos más graves cometidos por menores, así como por las disfunciones detectadas en los cinco años de aplicación de la ley
El Ejecutivo subraya la necesidad de potenciar la protección a la víctima, dar respuesta al nuevo fenómeno de integración de menores delincuentes en bandas y grupos organizados y dar una respuesta a los casos de delincuencia violenta y delitos más graves. Los principios, criterios y orientaciones generales de la vigente ley se respetan, lo que implica que no se rebaje la edad de responsabilidad penal del menor.
Protección de las víctimas
Prevalecerá como criterio importante de la nueva ley la atención a la víctima. Así, se concretará el alcance de la participación de la acusación particular en el proceso, posibilidad que se abrió con la reforma de 2003, y se encomendará al secretario judicial mantener informadas a las víctimas que no deseen personarse en el juicio.
Se pretende, además, acelerar el pago de indemnizaciones a las víctimas al juzgar simultáneamente las responsabilidades civiles y penales en las que hayan incurrido los menores delincuentes sin tener que abrir un nuevo proceso. La reforma prevé también la imposición de medidas de alejamiento e incomunicación de los agresores con sus víctimas.
También se pretende evitar la confrontación visual de un menor que haya sido víctima de delitos contra la identidad sexual con el inculpado, cuando deba prestar declaración como testigo en el procedimiento penal, mientras que también refuerza las medidas para evitar que los menores que cumplen penas de internamiento sean víctimas de abusos por parte de otros internos.
En cuanto a la repercusión de las nuevas medidas, el ministro recordó que el Gobierno está incrementando con el correspondiente soporte presupuestario la planta judicial que debe atender desarrollos futuros de especialización en diferentes órdenes jurisdiccionales para el 2005 y, en concreto, señaló que se establecerán ocho nuevos juzgados de menores de nueva p