(Libertad Digital) Gobierno y Comunidades Autónomas estudian esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta del Ejecutivo para financiar el déficit sanitario, que se pretende llevar al debate en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo sábado.
En el CPFF, que copresiden los ministros de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, participan los consejeros de Economía de todas las comunidades autónomas.
La propuesta del Gobierno consiste en incrementar los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, aportar desde el Estado 1.000 millones de euros en dos años, aumentar el adelanto a las CCAA de determinados pagos y ofrecerles la posibilidad de subir sus impuestos sobre gasolinas, electricidad y matriculación de vehículos.
La propuesta del Gobierno consiste en incrementar los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, aportar desde el Estado 1.000 millones de euros en dos años, aumentar el adelanto a las CCAA de determinados pagos y ofrecerles la posibilidad de subir sus impuestos sobre gasolinas, electricidad y matriculación de vehículos.
El PP pide al Gobierno 1.800 millones para la Sanidad
El Partido Popular, a través de los Consejeros de Hacienda de las Comunidades Gobernadas por el PP, ha presentado al Gobierno una alternativa sobre el Gasto sanitario y su financiación, que no supone un incremento de la presión fiscal para los contribuyentes españoles, con el fin de que se eleve a la Conferencia de Presidentes del próximo sábado.
Según la propuesta remitida por el PP, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el Gobierno debe restablecer el equilibrio inicial del sistema, que se ha visto alterado por el crecimiento “anormal” de la población que, como tal, no estaba previsto en el modelo de financiación vigente. Para ello, deberá aportar un mínimo de 1.800 millones de euros que se consolidarán en el Modelo y se repartirán y evolucionarán de acuerdo con los criterios en él establecidos que contemplan, además de la población protegida su edad y el hecho insular.
El punto número dos de la propuesta popular afirma que se “debe mantener la cláusula de garantía de crecimiento de los recursos como el PIB”, ya que según la información presentada por el Gobierno, en 10 Comunidades Autónomas ha habido que aplicarla, lo que pone en peligro la prestación del servicio a medio plazo en estos territorios.
En tercer lugar, el PP considera que el Gobierno, en el plazo más breve posible, debe establecer la Cartera Básica de Servicios Sanitarios de acuerdo con lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad Sanitaria. Según el PP, el establecimiento de la Cartera es indispensable para poder determinar las necesidades de financiación de la sanidad prestada por las Comunidades Autónomas, ya que en caso de ser necesario, el principio de lealtad institucional establecido en el modelo de financiación resolvería las tensiones de gasto que pudieran derivarse del establecimiento del catálogo.