(Libertad Digital) El viceportavoz del grupo parlamentario popular, José Manuel Rodríguez Carretero, criticó en una rueda de prensa que, cuando todavía no han pasado ni dos meses del incendio en el que murieron 11 miembros de un retén forestal y se quemaron 13.000 hectáreas, y que fue la causa de la dimisión de la responsable de Medio Ambiente, ésta "se vea recompensada con un cargo en una empresa pública".
El PP citó la información de Libertad Digital, que cuenta que Rosario Arévalo es, desde el 1 de septiembre, la directora general de Relaciones institucionales de ENUSA, empresa participada al cien por cien por entidades públicas (SEPI y CIEMAT) y que se dedica al suministro y producción de derivados de uranio para centrales nucleares. Para Rodríguez Carretero, es un hecho "políticamente muy criticable y muy poco presentable en una democracia" y añadió que además es "curioso que, quien ha sido responsable de Medio Ambiente en una región antinuclear desde hace años, que ha levantado esta bandera pidiendo el cierre de una central nuclear de su territorio, ahora tiene responsabilidades en una empresa que suministra uranio a las plantas nucleares".
Pese a que "la incongruencia es evidente", lo más trascendente, dijo, es "la tomadura de pelo a los ciudadanos de Castilla-La Mancha al vendernos hace un mes y medio como un caso de ejemplaridad política la dimisión de la consejera para que, a la vuelta del verano, sin esperar un tiempo prudencial, esta persona se vea recompensada con un cargo público en una empresa dependiente del Gobierno de España".
"Es impresentable la actitud del Gobierno, es un fraude, porque a la vista de lo que está pasando, aquí nadie ha asumido responsabilidades por once muertes y casi 14.000 hectáreas de monte quemado en la mayor catástrofe ecológica de la región", afirmó Rodríguez Carretero.
El PP citó la información de Libertad Digital, que cuenta que Rosario Arévalo es, desde el 1 de septiembre, la directora general de Relaciones institucionales de ENUSA, empresa participada al cien por cien por entidades públicas (SEPI y CIEMAT) y que se dedica al suministro y producción de derivados de uranio para centrales nucleares. Para Rodríguez Carretero, es un hecho "políticamente muy criticable y muy poco presentable en una democracia" y añadió que además es "curioso que, quien ha sido responsable de Medio Ambiente en una región antinuclear desde hace años, que ha levantado esta bandera pidiendo el cierre de una central nuclear de su territorio, ahora tiene responsabilidades en una empresa que suministra uranio a las plantas nucleares".
Pese a que "la incongruencia es evidente", lo más trascendente, dijo, es "la tomadura de pelo a los ciudadanos de Castilla-La Mancha al vendernos hace un mes y medio como un caso de ejemplaridad política la dimisión de la consejera para que, a la vuelta del verano, sin esperar un tiempo prudencial, esta persona se vea recompensada con un cargo público en una empresa dependiente del Gobierno de España".
"Es impresentable la actitud del Gobierno, es un fraude, porque a la vista de lo que está pasando, aquí nadie ha asumido responsabilidades por once muertes y casi 14.000 hectáreas de monte quemado en la mayor catástrofe ecológica de la región", afirmó Rodríguez Carretero.