(Libertad Digital) Los sindicatos CCOO y CSI-CSIF se concentran frente al Tribunal Supremo, en coincidencia con la inauguración del año judicial, para protestar una vez más por lo que consideran un incumplimiento de acuerdos firmados por ellos y el ministerio de Justicia. La firma se hizo cuando el titular del ministerio era José María Michavila, del Partido Popular. Pero el director general de Relaciones con la Justicia, Ricardo Bodas, manifestó en una reunión con los líderes sindicales que “el equipo actual del Ministerio de Justicia no se siente vinculado con los acuerdos ni política, ni jurídica, ni moralmente”.
Con esta idea, el ministerio de Juan Francisco López Aguilar ha negociado con los sindicatos partiendo "de cero", pese a que éstos exigen que se cumplan los acuerdos ya firmados, y no negociar otros nuevos. La excepción fue UGT, que con una representación del 15 por ciento firmó un acuerdo con el ministerio que CCOO y CSI-CSIF consideran "ilegal". Estos dos sindicatos, mayoritarios en Justicia, consideraron entonces que el movimiento de UGT y el ministerio tenía el objetivo dar una falsa impresión de acuerdo con los trabajadores.
CCOO y CSI-CSIF acusan a Juan Fernando López Aguilar de un nuevo intento de manipulación de la opinión pública. El pasado 8 de septiembre, las centrales se reunieron con el ministro para dar solución a un conflicto que se prolonga por más de un año. Tras la misma, el ministerio lanzó una nota que afirmaba que había ofrecido "en esa reunión a los sindicatos un incremento salarial del 18,4 por ciento para los próximos tres años, al que habría que añadir el 3,1 por ciento de incremento general para la Función Pública, que negociaría en la mesa el próximo día 27".
Ambas centrales niegan que se haya hecho tal oferta, que esperan que se produzca en la próxima mesa sectorial. Y acusan al ministro, que no se había reunido con los sindicatos en más de un año, de una "maniobra propagandística" con el objetivo de dar la falsa impresión de que Justicia atiende a las exigencias de los sindicatos. Pero Justicia ha dicho que es una "oferta firme" que "beneficiará a todos los trabajadores". El ministerio afirma que se ha aceptado "la práctica totalidad" de las reivindicaciones estatutarias y se compromete a introducir nuevas mejoras, pero vincula ese compromiso "a lograr la eficaz implantación de la nueva Oficina Judicial".
Por el contrario, según las propias centrales, no ha atendido a sus exigencias. Entre las reivindicaciones de las centrales se encuentra un acuerdo para facilitar a los funcionarios el regreso a sus comunidades de origen cuando haya plazas disponibles o la concesión de un período de transición para que los funcionarios no titulados puedan acceder a la promoción a los Cuerpos de Tramitación y de Gestión. También se oponen, entre otras reivindicaciones, a la práctica de cubrir plazas por medio de la libre designación. Dentro del ámbito salarial, el Ministerio propone un aumento de las retribuciones de hasta 112 euros, lejos de los 200 euros en que las centrales cifran el acuerdo alcanzado con el anterior Ejecutivo.