LD (EFE) "Los riesgos ambientales asociados a la energía nuclear justifican la creación de un impuesto sobre la generación de energía nuclear", señala el estudio, cuyos autores son los profesores de la Universidad de Barcelona (UB) Jordi Roca y Enric Tello, e Ignasi Puig, de la consultora ENT Medi Ambient i Gestió.
El estudio ha sido financiado por el departamento de Medio Ambiente, sus técnicos lo han coordinado y dirigido y, el conseller Salvador Milá firma la presentación, si bien fuentes de la conserjería han matizado que la responsabilidad de las propuestas corresponde a los autores y no a la administración catalana.
Este nuevo impuesto sería y "supondría una recaudación del orden de 30 millones de euros", según el estudio, que ha sido presentado este miércoles en unas jornadas en la UB sobre fiscalidad ambiental. El estudio se inspira en un impuesto no finalista que ha creado el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, tanto sobre la generación como sobre los residuos nucleares. El problema es que este impuesto, que afecta a centrales como las de Trillo y Zorita, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central, pese a lo cual no se ha suspendido su aplicación.
La tasa catalana afectaría a las instalaciones de Vandellós y Ascó, que son propiedad de Endesa e Iberdrola, empresas que deberían hacer frente a la nueva tasa. El estudio defiende que "está perfectamente justificado que la rentabilidad de las centrales nucleares se vea disminuida con la internalización de una parte de los costes ambientales que generan", defienden los autores del estudio.
Según Milá, "el objetivo no es la recaudación, sino el cambio de conductas". En este sentido, el informe relaciona el nuevo impuesto con "una transición energética que incluya un programa de cierre de las nucleares", precisamente una de las exigencias de ICV en su negociación del Plan de la Energía que elabora el tripartito.
El estudio ha sido financiado por el departamento de Medio Ambiente, sus técnicos lo han coordinado y dirigido y, el conseller Salvador Milá firma la presentación, si bien fuentes de la conserjería han matizado que la responsabilidad de las propuestas corresponde a los autores y no a la administración catalana.
Este nuevo impuesto sería y "supondría una recaudación del orden de 30 millones de euros", según el estudio, que ha sido presentado este miércoles en unas jornadas en la UB sobre fiscalidad ambiental. El estudio se inspira en un impuesto no finalista que ha creado el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, tanto sobre la generación como sobre los residuos nucleares. El problema es que este impuesto, que afecta a centrales como las de Trillo y Zorita, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central, pese a lo cual no se ha suspendido su aplicación.
La tasa catalana afectaría a las instalaciones de Vandellós y Ascó, que son propiedad de Endesa e Iberdrola, empresas que deberían hacer frente a la nueva tasa. El estudio defiende que "está perfectamente justificado que la rentabilidad de las centrales nucleares se vea disminuida con la internalización de una parte de los costes ambientales que generan", defienden los autores del estudio.
Según Milá, "el objetivo no es la recaudación, sino el cambio de conductas". En este sentido, el informe relaciona el nuevo impuesto con "una transición energética que incluya un programa de cierre de las nucleares", precisamente una de las exigencias de ICV en su negociación del Plan de la Energía que elabora el tripartito.