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El Gobierno entrega ahora al juez Del Olmo sólo cuatro documentos genéricos del CNI sobre el 11-M

El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, había pedido que le fueran entregados los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia entre 2003 y 2004 que tuvieran alguna relación con el 11-M. El Gobierno, que en un principio era contrario a esta petición, ha accedido este viernes en el Consejo de Ministros a la desclasificación de algunos de estos documentos. Pero, sólo por las fechas, la relevancia de estos papeles es mínima. El ministro de Defensa, José Bono, era contrario a levantar el secreto porque sus "agentes se juegan la vida todos los días para recabar esos datos".

El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, había pedido que le fueran entregados los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia entre 2003 y 2004 que tuvieran alguna relación con el 11-M. El Gobierno, que en un principio era contrario a esta petición, ha accedido este viernes en el Consejo de Ministros a la desclasificación de algunos de estos documentos. Pero, sólo por las fechas, la relevancia de estos papeles es mínima. El ministro de Defensa, José Bono, era contrario a levantar el secreto porque sus "agentes se juegan la vida todos los días para recabar esos datos".
L D (Europa Press)  En total, son cuatro los documentos que el Consejo de Ministros ha acordado desclasificar y remitir al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo relacionados con los atentados del 11-M en Madrid y del 3 de abril en Leganés que obran en poder del Ministerio del Interior y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De la Vega ha argumentado que para tomar esta decisión se ha tenido en cuenta "el carácter excepcional" de los hechos que se juzgan.
 
El criterio seguido para desclasificar estos informes ha sido que no se encuentren afectados por el artículo 5.1 de la ley reguladora del CNI, es decir, que no se refieran a su estructura, fuentes ni a los servicios secretos internacionales. Los documentos que a juicio del centro cumplen este requerimiento son cuatro.
 
El acuerdo del Consejo de Ministros informa al juez Del Olmo que la desclasificación de los documentos "se realiza a los únicos y exclusivos efectos de que sean incorporados al sumario 20/2004, solicitándole que acuerde, en relación a aquéllos, el máximo grado de protección y reserva procesal que, por su naturaleza, pueda adoptar".
 
La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que los documentos enviados no incluyen ninguna salvedad, salvo la genérica de pedirle al juez el máximo grado de protección y reserva, ni tachadura, como sí ocurría con algunos de los documentos enviados por el Gobierno a la comisión parlamentaria de investigación del 11-M.
 
Fuentes del Gobierno precisaron a Europa Press que deberá ser el juez el que determine qué documento debe ser incorporado al sumario del 11-M o si se le debe realizar alguna tachadura para omitir algún párrafo o dato que contenga y por su sensibilidad deba ser preservado.
 
Los documentos del Centro Nacional de Inteligencia desclasificados son cuatro: el informe del centro sobre evaluación de la amenaza terrorista de origen islámico de 27 de octubre de 2003; uno sobre las actividades del terrorista que se suicidó en Leganés y presunto cabecilla de la célula autora de los atentados, Allekema Lamari, de fecha 6 de noviembre de 2003; sobre indicios de actividad terrorista de 15 de marzo de 2004; y sobre atentados terroristas en Madrid, del 18 de mayo de 2004.
 
Desclasificados también todos los documentos de la Policía
 
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado "desclasificar los documentos que obran en poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de fecha posterior a primero de enero de 2002, relativos a las personas que se relacionan" por el magistrado por su vinculación "con los atentados del 11 de marzo, en Madrid, y 3 de abril de 2004, en Leganés".
 
Los documentos enviados por el Gobierno son informes de Europol, referidos al riesgo de atentados terroristas de origen islamista o yihadista en España a partir de diciembre de 2003; y comunicaciones con que contaba el Ministerio del Interior que alertaran del peligro que para España podría suponer el terrorismo provocado por grupos radicales islámicos, especialmente de la red Al-Qaeda.
 
También se envían los análisis realizados por los expertos como consecuencia de los atentados del 11-S en Estados Unidos, en Casablanca, el 16 de mayo de 2003, y en Turquía, el 15 y 20 de noviembre de ese mismo año, así como las distintas amenazas formuladas por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en especial las que realizó en octubre de 2003.
 
Los documentos incluyen información de la Policía sobre el denominado terrorismo islamista; el informe sobre la situación de los terroristas implicados en el atentado de 11-M sobre su situación legal o ilegal en España, situación laboral y posibilidades legales de actuación sobre estos individuos; el enviado por el Gobierno a Europol y contestaciones al cuestionario de este órgano sobre los atentados; y el realizado sobre la evolución de la amenaza terrorista después del atentado del 11 de marzo, emitida por la Unión Europea.
 
En la relación de documentos figuran: informes sobre la situación de Extranjería de las personas implicadas en el 11-M; uno de la Unidad Central de Inteligencia sobre los atentado; seis ediciones del informe de Europol sobre valoración de la amenaza sobre el terrorismo extremista islámico; el emitido por la UCO a la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias dando cuenta de sus investigaciones sobre la venta de explosivos por parte del imputado en prisión en la causa José Emilio Suárez Trashorras, así como los informes relativos a los registros e inspecciones realizados a la mina "Conchita" y Mina "La Collada", antes y después del 11-M.

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