L D (Europa Press) Se trata de Jesús Aguirre Arruabarrena, tesorero de PCTV al menos desde el pasado 5 de febrero, y de Eneritz Ugarte Velasco, responsable de Formación del citado partido desde la misma fecha. El juez considera que su actuación constituye un delito de colaboración con banda armada, porque "han asentido al mandato de la organización terrorista, permitiendo que, una vez celebradas las elecciones, el partido y el grupo parlamentario fueran utilizados con los fines espurios".
En cuanto al tercer imputado, Joseba Gotzon Amaro López, a quien se han impuesto comparecencias quincenales en la comisaría de la Ertzaintza más próxima a su domicilio, el magistrado explica que intervino en la coordinación de actos públicos de PCTV y que "puede colegirse no sólo participación en un delito de colaboración terrorista, sino asimismo de integración", delito por el que el fiscal Enrique Molina solicita para él 10 años de cárcel en la causa contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala en su resolución que no consta que ni el tesorero ni la responsable de Formación, como miembros del Comité Central de PCTV, dirigieran ni coordinaran la campaña electoral, ni participaran en los debates en los que se decidió el discurso de Plenos del Parlamento vasco como el de Constitución de la Mesa o el de investidura del Lehendakari. Tampoco consta que hicieran ningún pronunciamiento público sobre los resultados electorales ni cuál iba a ser el programa de legislatura ni que éste gravitara principalmente sobre elementos marxistas-leninistas. "Consta igualmente -afirma el auto- que en supuestas reuniones del Comité Central de 5 de febrero y 19 de marzo de 2005 existieron distintas altas y ceses sin que se objetive razón concreta alguna; reuniones que fueron elevadas a escritura pública el 15 de julio de 2005 tres días después de admitirse a trámite la querella" de la AVT.
Amaro López, miembro de la Mesa de Vizcaya de Batasuna, "conocedor de la estrategia electoral ETA-Batasuna descrita en los 'zutabes' (boletín interno de la organización), y con el fin de vencer el ciclo de ilegalización, conocedor que, razonablemente, el PCTV se había plegado a los designios de aquélla, y con carácter previo a que la Mesa Nacional de Batasuna formalmente interesara el voto para EHAK, inició la organización de la campaña electoral" de esta formación. En concreto, Amaro se centró "en la herriko taberna Artagan-Elkartea adquiriendo y distribuyendo propaganda electoral, buzoneando y dotando de demás infraestructura, alquilando vehículos para las caravanas electorales, adoptando concretas cautelas".
El abogado que ejerce la acusación en nombre de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura, pidió al juez que decretara prisión eludible con fianza de 100.000 euros para cada uno de los imputados. El fiscal Juan Moral, al igual que en anteriores diligencias en esta causa, no solicitó ninguna medida cautelar para ellos.
En lo que va de mes, Grande Marlaska ha citado a declarar a otros siete miembros del PCTV. A tres de ellos, Joseba Zinkunegi, Peio Xavier Gálvez y Juan José Petricorena les impuso una fianza de 100.000 euros a cada uno por pertenencia a ETA. Días después llamó a declarar a Juan Carlos Ramos Sánchez y Aritz Blázquez, a los que impuso la obligación de comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial y a Javier Ramos y Juan Manuel Rodríguez a los que dejó en libertad sin ninguna medida cautelar. El fiscal Jesús Ramos tampoco había solicitado medidas cautelares.
Además, también este mes el juez Grande Marlaska dejó en libertad en una controvertida decisión al secretario general del sindicato proetarra LAB Rafael Díez Usabiaga y a la ex miembro de la Mesa Nacional de HB Elisabet Subyaga, imputados en la causa de la financiación de ETA. Tampoco les impuso ninguna medida cautelar en coincidencia con lo pedido por el fiscal.