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La Fiscalía de París pide ocho años de cárcel contra un miembro de Segi por terrorismo callejero

La Fiscalía del Tribunal Correccional de París pidió este viernes ocho años de cárcel contra un militante francés de Segi, en relación con el terrorismo callejero cometido en el sur de Francia entre junio de 2001 y julio de 2002. "Nada justifica jamás hacer de la violencia un medio de expresión, pues al hacerlo se privilegia la razón del más fuerte y eso es el principio del totalitarismo", sostuvo el representante del Ministerio Público al pedir la pena contra Joel Sistiague. El tribunal dictará sentencia el próximo día 17.

L D (EFE) Sistiague, que perteneció a la organización etarra Segi, está acusado de asociación con malhechores con fines terroristas por quince atentados cometidos en 13 localidades del sur de Francia y por "complicidad" en seis de ellos. Para apoyar su requisitoria, el fiscal destacó el "papel mayor" de Sistiague en la elección de los objetivos, en la preparación de los atentados y en la reivindicación de los mismos y, aunque no pudo demostrar su participación, se mostró "íntimamente convencido" de que también tomó parte si no en todos, en algunos de ellos.

Por hechos similares perpetrados en 1996 en el País Vasco francés, Egoitz Urrutikoetxea, el hijo del histórico dirigente de ETA "Josu Ternera" -ambos están ahora en la clandestinidad- fue condenado a tres años de cárcel en 1998 por el mismo tribunal.

Los padres de Sistiague han intentado interceder pos su hijo, y enviaron una carta en la que declaraban que éste había reflexionado durante los 30 meses que ha permanecido en prisión y decían que quiere pasar página. No obstante, el fiscal "no ve  perspectivas de inserción social" del joven, destacó el hecho de que durante la instrucción del sumario y en el juicio se ha negado a dar explicaciones o ha mantenido silencio, algo "muy evocador", similar a la actitud que mantienen los activistas de ETA y "que resuena como una confesión de pertenencia" a la banda.

El fiscal adjudicó a Sistiague el papel de "animador de una estructura clandestina directamente afiliada a ETA". Sistiague había explicado que redactaba los comunicados, que luego enviaba por vía postal a periódicos de la zona, en función de las noticias que escuchaba en la radio, veía en televisión o leía en la prensa sobre esos ataques y los justificaba teniendo en cuenta "los acontecimientos en contra del País Vasco".
 
"Frenesí reivindicativo"

Siempre insistió en que no tenía nada que ver con los autores de esos ataques perpetrados en su mayoría contra policías, gendarmes y agencias inmobiliarias. El fiscal se preguntó si Sistiague "tiene un don o es vidente" para poder reivindicar actos terroristas incluso en algunos casos inmediatamente después de que se produjesen, y concluyó que no. "Una vez descartada la tesis del don sobrenatural para explicar ese frenesí reivindicativo", añadió irónicamente, el representante del Ministerio Público se mostró convencido de que Sistiague formaba parte de ese "grupúsculo terrorista".

En un intento de desmontar la versión del acusado, señaló que el joven tendría que haber estado continuamente pegado a los medios de comunicación porque no se le pasó "ni un solo atentado".
 
Atentados que cesaron prácticamente una vez que Sistiague fue detenido el 2 de julio de 2002, poco después de ser fotografiado por los agentes que le vigilaban mientras echaba en un buzón de correos dos cartas de reivindicación de un atentado contra una sucursal bancaria de Bayona dos días antes. En esas cartas se justificaba la acción por la luz verde dada por la Justicia francesa a la extradición a España del ex portavoz de Askatasuna, Juan Mari Olano.

La defensa de Sistiague, que fue condenado en 1997 a 60 días de trabajos de interés general -purgados en la plaza de toros de Bayona- por destrucción voluntaria de bienes de utilidad pública, pidió la absolución de su cliente por los seis delitos de complicidad que se le imputan y solicitó "una pena justa" por el procesamiento por asociación de malhechores con fines terroristas. Tres policías se han presentado como partes civiles en la causa y han pedido 5.000 euros cada uno en concepto de daños morales.

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