L D (Europa Press) El alcalde de Barcelona, Joan Clos, explicó este martes las novedades del Anteproyecto de Ordenanza de medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia en la ciudad de Barcelona. Los grupos municipales tienen ahora 15 días para realizar sus aportaciones, la Comisión de Presidencia, Hacienda y Coordinación Territorial la aprobará en noviembre, el texto se pondrá a exposición pública por un periodo de 30 días y está previsto que reciba el visto bueno definitivo en el Pleno de diciembre, para que entre en vigor el 1 de enero de 2006.
La posibilidad de multar a compradores del “top manta” es pionera en España y pretende acabar con la venta ilegal de artículos de música y accesorios, entre otros. Clos señaló que "molesta el que hace la oferta y la demanda" e indicó que con la nueva medida pretenden evitar que "la plaza Cataluña se convierta en un zoco" porque "los instrumentos que tenemos hasta ahora no son suficientes". Así, se prohíbe la venta ambulante en el espacio público de alimentos, bebidas y cualquier producto, a excepción de las autorizaciones específicas. Tampoco está permitido colaborar con los vendedores facilitando género o alertando de la presencia de agentes de la autoridad. Las multas oscilarán entre los 120 y los 500 euros, además de decomisar los productos.
El alcalde remarcó que el Ayuntamiento no tiene competencias para prohibir la prostitución, pero sí tiene capacidad de actuar en el caso de que el ofrecimiento de servicios sexuales se apodere del espacio público y ocasione problemas de convivencia hasta el punto de que "el resto de gente casi no se atreva a pasar" por esa calle o esa zona. Esta medida, si bien no prohíbe la prostitución, sí pretende ser una herramienta para luchar contra las redes organizadas de prostitución. "No podemos tolerar que mafias del Este de Europa vengan con niñas de 15 años y actúen impunemente en tres o cuatro lugares de Barcelona", agregó. El capítulo sobre prostitución en la calle todavía está en proceso de discusión.
No residentes en España
Otra de las novedades de la ordenanza sobre civismo es la posibilidad de multar de forma inmediata a ciudadanos que no residan en España, algo que todavía no podría entrar en vigor y que dependería de la aplicación de la justicia de proximidad. Una de las alternativas es el pago inmediato de la multa, rebajándola, o ingresar una cantidad mínima inicialmente. De no cumplirlo, podría derivar en causas penales. Clos señaló que éste es "uno de los temas más complicados de resolver".
La mendicidad agresiva, intrusiva o insistente también será castigada con multas de entre 120 y 3.000 euros. Este capítulo incluye a los limpiaparabrisas y la mendicidad realizada por menores o personas incapacitadas. El Ayuntamiento contempla también llevar a estas personas a los servicios sociales municipales para dar atención individualizada, con el fin de erradicar la mendicidad.
El anteproyecto establece sanciones económicas de entre 750 y 3.000 euros para los comportamientos xenófobos, racistas o sexistas, con especial atención a personas mayores, niños y discapacitados. Las conductas de acoso entre menores, sobre todo en el caso de grupos organizados, serán las consideradas de mayor gravedad. Además, se podrán poner en conocimiento de la autoridad judicial si pueden ser constitutivos de delito.
La prohibición de realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, ya contemplada en la anterior normativa, como orinar, escupir, vomitar o defecar, estará sancionado con entre 300 y 1.500 euros. El consumo de bebidas alcohólicas en la calle, a excepción de fiestas o eventos autorizados, estará penalizado con entre 30 y 1.500 euros, siendo de más gravedad los casos en los que se altere la convivencia vecinal, ya sea con ruido excesivo, ocasionando desperfectos o realizar esta actividad en lugares frecuentados por menores.
Ni patines ni monopatines
Dentro del apartado de juegos, los trileros podrán ser sancionados con entre 120 y 3.000 euros, según la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta el derecho de la gente a no ser perturbado en los espacios públicos. En este sentido, se prohíbe la práctica de juegos en el espacio público que pueda poner en peligro la integridad de los ciudadanos, como acrobacias o juegos de habilidad con patines y monopatines, fuera de las áreas destinadas para estos usos.
Por otro lado, los grafitos y la colocación de carteles tendrán sanciones económicas de 120 a 3.000 euros. Clos remarcó que la normativa "no es una revolución", sino que toma como base la actual ordenanza y pretende ser un instrumento más "útil" para permitir cobrar las multas, castigar las reincidencias y evitar que los infractores no incumplan la ley de forma sistemática, superando así las limitaciones del sistema actual.
En ocasiones, la multas podrán sustituirse por cursos o sesiones de formación cívica, sobre todo en los casos en los que se prevea que la sanción económica no tenga prácticamente ninguna efectividad. Los infractores también podrían realizar trabajos específicos en beneficio de la comunidad.
El alcalde insistió en que la ordenanza está vinculada a la justicia de proximidad, a la Carta de Derechos y Deberes que ultima el Ayuntamiento, al despliegue de los Mossos d'Esquadra y su coordinación con la Guardia Urbana y al debate y la sensibilidad ciudadana.