L D (EFE) El ex presidente de la Conferencia Episcopal Española hizo estas valoraciones durante la conferencia que pronunció a últimas horas de la tarde de hoy, en el Club Siglo XXI de Madrid, en la que disertó sobre "España y su futuro. La Iglesia católica".
Rouco, que insistió a lo largo de toda su intervención en la idea de la unidad, dijo que en la realidad histórica de España a lo largo de los siglos ésta "sigue siendo hoy sentida y apreciada como propia e irrenunciable por la casi totalidad de los españoles y reconocida en su singularidad por la opinión pública de todo el mundo". Realidad que "en la Constitución Española de 1978, agregó el arzobispo de Madrid, ha encontrado una reconocida formulación jurídica, fruto y cauce a la vez de la aproximación intelectual y de la reconciliación existencial de 'las dos Españas'".
Tras referirse al papel jugado históricamente por el catolicismo en todos los ámbitos de la sociedad española, Rouco constató que todos los numerosos textos constitucionales desde la Constitución de Cádiz de 1812, hasta la vigente de 1978, salvo la de 1931 de la Segunda República, "reconocieron positivamente el valor singular de la Iglesia Católica en la ordenación del Estado y de la sociedad, incluso con la fórmula de Religión oficial". Y agregó que, paralelamente, "la regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado se encauzó siempre por la vía concordataria".
En relación a la Constitución de 1978, Rouco resaltó que "la Iglesia y los católicos en general contribuyeron con todo su empeño al logro de ese gran proyecto de reconciliación nacional en los momentos más críticos de su gestación y elaboración, y, luego, a lo largo de todo el camino social y político, recorrido hasta hoy". Para el cardenal, los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y su desarrollo legal y administrativo ulterior situaron las relaciones Iglesia-Estado en el contexto del derecho a la libertad religiosa.
Derecho "entendido y aplicado sin reserva alguna como el cauce positivo no sólo para la profesión, la enseñanza y la práctica religiosa de la fe, sino también para la presencia de la Iglesia en todos aquellos puntos neurálgicos de la sociedad donde se requería servicio a la persona humana, a sus derechos más fundamentales y a la familia, a la vez que compromiso solidario y entregado con los más necesitados". Y "presencia planteada siempre en las coordenadas del diálogo democrático y respetuosa de la autonomía de los seglares católicos en el ejercicio de sus responsabilidades propias e intransferibles en la vida civil: personal, familiar, cultural y socio-política", apostilló el cardenal.
Naturalmente, reconoció, no faltaron ni faltan las sombras en la realización de ese nuevo y gran proyecto histórico puesto a andar en el último tercio del siglo XX y que nos abría, por otro lado, las puertas de la Unión Europea. Rouco dijo que en el Estado libre y democrático de derecho "se debilita la comprensión de los contenidos políticos y sociales de la categoría central de solidaridad en la configuración de la unidad de España y de los españoles".
Agregó que "se diluye la conciencia del valor insustituible del verdadero matrimonio y de la familia para el futuro de la persona y de la sociedad con unas consecuencias demográficas irreparables; la integración del fenómeno de la emigración, con sentido de la dignidad de la persona humana y con respeto al bien común, se hace crecientemente difícil...". Sobre la forma de afrontar el futuro en esta situación y cuál puede y debe ser la aportación de la Iglesia católica, Rouco dijo que el primer servicio que debe prestar a la sociedad española hoy y de cara a su futuro, "es el de ser activamente fiel a su misión de anunciar, celebrar y servir al Evangelio, privada y públicamente".
"Es decir, apostilló, el de ser ella misma en el contexto de un diálogo respetuoso y abierto con toda la sociedad y de un compromiso permanente con el principio de solidaridad entendido y aplicado con toda la hondura de las exigencias de la caridad cristiana".
Para el purpurado, "la Iglesia ha de estar muy cerca de las nuevas pobrezas, frecuentemente nacidas como efecto de la crisis del matrimonio y de las familias; de las derivadas de una concepción y de una práctica económica que busca solamente y a toda costa la ganancia y el éxito propio; y de las que resultan de la relativización de todos los valores morales". "Y lo que no dejará de hacer nunca es orar por España, para que conserve viva la herencia de la fe y la herencia de la cultura florecida en el tronco de la tradición cristiana, y mantenga viva la unidad solidaria de todas sus gentes".
Rouco, que insistió a lo largo de toda su intervención en la idea de la unidad, dijo que en la realidad histórica de España a lo largo de los siglos ésta "sigue siendo hoy sentida y apreciada como propia e irrenunciable por la casi totalidad de los españoles y reconocida en su singularidad por la opinión pública de todo el mundo". Realidad que "en la Constitución Española de 1978, agregó el arzobispo de Madrid, ha encontrado una reconocida formulación jurídica, fruto y cauce a la vez de la aproximación intelectual y de la reconciliación existencial de 'las dos Españas'".
Tras referirse al papel jugado históricamente por el catolicismo en todos los ámbitos de la sociedad española, Rouco constató que todos los numerosos textos constitucionales desde la Constitución de Cádiz de 1812, hasta la vigente de 1978, salvo la de 1931 de la Segunda República, "reconocieron positivamente el valor singular de la Iglesia Católica en la ordenación del Estado y de la sociedad, incluso con la fórmula de Religión oficial". Y agregó que, paralelamente, "la regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado se encauzó siempre por la vía concordataria".
En relación a la Constitución de 1978, Rouco resaltó que "la Iglesia y los católicos en general contribuyeron con todo su empeño al logro de ese gran proyecto de reconciliación nacional en los momentos más críticos de su gestación y elaboración, y, luego, a lo largo de todo el camino social y político, recorrido hasta hoy". Para el cardenal, los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y su desarrollo legal y administrativo ulterior situaron las relaciones Iglesia-Estado en el contexto del derecho a la libertad religiosa.
Derecho "entendido y aplicado sin reserva alguna como el cauce positivo no sólo para la profesión, la enseñanza y la práctica religiosa de la fe, sino también para la presencia de la Iglesia en todos aquellos puntos neurálgicos de la sociedad donde se requería servicio a la persona humana, a sus derechos más fundamentales y a la familia, a la vez que compromiso solidario y entregado con los más necesitados". Y "presencia planteada siempre en las coordenadas del diálogo democrático y respetuosa de la autonomía de los seglares católicos en el ejercicio de sus responsabilidades propias e intransferibles en la vida civil: personal, familiar, cultural y socio-política", apostilló el cardenal.
Naturalmente, reconoció, no faltaron ni faltan las sombras en la realización de ese nuevo y gran proyecto histórico puesto a andar en el último tercio del siglo XX y que nos abría, por otro lado, las puertas de la Unión Europea. Rouco dijo que en el Estado libre y democrático de derecho "se debilita la comprensión de los contenidos políticos y sociales de la categoría central de solidaridad en la configuración de la unidad de España y de los españoles".
Agregó que "se diluye la conciencia del valor insustituible del verdadero matrimonio y de la familia para el futuro de la persona y de la sociedad con unas consecuencias demográficas irreparables; la integración del fenómeno de la emigración, con sentido de la dignidad de la persona humana y con respeto al bien común, se hace crecientemente difícil...". Sobre la forma de afrontar el futuro en esta situación y cuál puede y debe ser la aportación de la Iglesia católica, Rouco dijo que el primer servicio que debe prestar a la sociedad española hoy y de cara a su futuro, "es el de ser activamente fiel a su misión de anunciar, celebrar y servir al Evangelio, privada y públicamente".
"Es decir, apostilló, el de ser ella misma en el contexto de un diálogo respetuoso y abierto con toda la sociedad y de un compromiso permanente con el principio de solidaridad entendido y aplicado con toda la hondura de las exigencias de la caridad cristiana".
Para el purpurado, "la Iglesia ha de estar muy cerca de las nuevas pobrezas, frecuentemente nacidas como efecto de la crisis del matrimonio y de las familias; de las derivadas de una concepción y de una práctica económica que busca solamente y a toda costa la ganancia y el éxito propio; y de las que resultan de la relativización de todos los valores morales". "Y lo que no dejará de hacer nunca es orar por España, para que conserve viva la herencia de la fe y la herencia de la cultura florecida en el tronco de la tradición cristiana, y mantenga viva la unidad solidaria de todas sus gentes".