(Libertad Digital) Endesa interpondrá este jueves un recurso de alzada ante el Ministro de Industria, cuya procedencia señala la propia Comisión Nacional de Energía (CNE), contra las dos decisiones adoptadas el pasado martes por cinco de los nueve miembros de este organismo sobre la transmisión de instalaciones de distribución de gas desde Gas Natural SDG a dos filiales y en relación con la OPA de Gas Natural sobre Endesa, respectivamente.
El consejo de la CNE autorizó este martes, con condiciones, la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa, en cumplimiento de la llamada "función 14", que analiza el impacto de la operación en las actividades reguladas del sector energético (transporte y distribución). Si la OPA tiene éxito, el grupo resultante deberá enajenar activos por un valor de, al menos, 8.200 millones de euros y asumir los compromisos de inversión de las dos compañías. Las sociedades del grupo resultante que desarrollen actividades reguladas sólo podrán repartir dividendos cuando los recursos generados sean suficientes para atender tanto los compromisos de inversión como la amortización de la deuda.
Endesa considera que la CNE ha adoptado su decisión haciendo suyos los datos aportados por Gas Natural, la inmensa mayoría de los cuales se consideran “reservados”. De esta forma, la eléctrica considera que la CNE ha dado luz verde a una operación que afecta al 52 por ciento de las rentas reguladas de los sectores de gas y de electricidad “basándose en los datos aportados en su mayoría por sólo una de las partes”.
Según informa a través de un comunicado, Endesa considera que la resolución de la CNE se aparta de una manera insólita de las decisiones adoptadas por este organismo regulador respecto de operaciones anteriores de parecida naturaleza, conduce a que sean las actividades reguladas las que financien la operación en perjuicio de los consumidores e impone como condiciones lo que no son sino estrictas obligaciones legales. Además, la eléctrica considera que el procedimiento seguido por la CNE ha sido manifiestamente irregular, denegando a Endesa el acceso a la mayor parte de la documentación existente, impidiéndole la práctica de prueba y concediéndole el plazo mínimo legal para formular alegaciones.