L D (Europa Press) La querella aportaba informaciones publicadas por diversos medios de comunicación relativas a redenciones de pena obtenida por distintos presos de ETA con motivo de los estudios universitarios en la UPV. El escrito se reservaba la calificación de las conductas para el momento procesal oportuno, aunque apuntaba a la comisión de delitos de colaboración con banda armada y falsedad, y aportaba como ejemplos siete casos de etarras. El fiscal, sin embargo, entiende que de los hechos relatados en la querella de la AVT "no se deduce delito competencia de la Audiencia Nacional, siendo más bien, y en todo caso, delitos de falsedad o prevaricación". A su juicio, el escrito se "limita a hacerse eco de unas noticias de prensa y a solicitar genéricamente que se investiguen los hechos por la Guardia Civil".
Por ello, considera que lo procedente es no aceptar la competencia del Juzgado Central número 6 -del que es titular el juez Félix Degayón- para investigar estos hechos y archivar el procedimiento, "sin perjuicio de las acciones que el querellante pueda entablar ante órgano competente, judicial o fiscal del País Vasco". Carballo recuerda que en la Fiscalía de la Audiencia Nacional se tramitaron diligencias de investigación con semejante objeto, "las supuestas relaciones" entre ETA y la UPV, o al menos "con algunos de sus docentes o funcionarios de la propia UNED de Bergara".
En aquel caso, se procedió a remitir lo actuado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde se siguen actualmente las diligencias 10/05, a las que se incorporó un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil de 14 de septiembre.
En otro apartado del escrito remitido al Juzgado de Degayón, el fiscal indica que el querellante, en este caso la AVT, no tiene un "derecho absoluto a la incoación de cualquier proceso penal a través de la admisión a trámite e instrucción de la querella". "Menos aún conlleva el derecho a exigir al Juzgado la práctica de las pruebas que proponga, si es que, tan genérica petición de investigación, puede estimarse como petición de práctica de pruebas", añade.
La AVT señalaba en la querella que tenía conocimiento, "al menos indiciariamente", de que la Fiscalía General del Estado ha iniciado "una primera investigación". No obstante, al desconocer si esta investigación estaba judicializada, la asociación de víctimas proponía que fuera investigada por el Juzgado "dada la gravedad de los hechos y su incidencia directa en el cumplimiento de las penas por parte de este tipo de penados". Así, explicaban que los investigados por la Fiscalía son "al parecer" los expedientes de "47 presos" de ETA, de los que citaban siete ejemplos. En primer lugar, reflejaban algunos datos del expediente de José Ignacio de Juana Chaos, de quien aseguran que estuvo en tres facultades distintas en nueve años, y justificó su acceso a la Universidad como mayor de 25 años en dos de ellas, aunque no los tenía. En otra argumentó tener superado el primer ciclo de una titulación de dos.
Otro de los ejemplos es el expediente de Antonio López Ruiz, alias "Kubati", quien ha obtenido, según la AVT, dos carreras en la UPV presuntamente matriculado con un DNI ficticio y sin constar la forma en que accedió a los estudios universitarios. De este caso se citan algunas presuntas irregularidades como el aprobado en Teoría del Estado en primera convocatoria, habiendo suspendido el año anterior. "Kubati" saldrá en libertad en 2006 gracias a las redenciones de pena.
Recogen también presuntas irregularidades del expediente de Elena Beloki, de Ignacio Erro Zazu --del grupo “Donosti”--, de José Angel Viguri y de el ex número tres del aparato militar de ETA, Zorion Zamácola. Este último acabó la carrera estando huido de la Justicia y con matrícula de honor en una asignatura donde la presencia era obligatoria.