L D (Europa Press) En declaraciones a la prensa, Aguiar y Requero se cruzaron acusaciones de ser en este asunto correas de transmisión del PSOE y del PP, respectivamente. El informe será elevado para su aprobación definitiva a un próximo del Pleno del Congreso, y estará a disposición de quien quiera consultarlo, según manifestó el portavoz del Consejo, Enrique López. El estudio fue aprobado con los votos del presidente de la Comisión, Adolfo Prego, y de los vocales Requero y Javier Laorden, los tres propuestos en su día para el puesto por el PP. Por su parte, Aguiar fue propuesto por el PSOE, y Pantoja, por IU.
En comparecencia ante los periodistas, Requero acusó a la minoría progresista de querer "ensuciar" la imagen del CGPJ denunciando irregularidades en la gestación del dictamen, para eludir entrar en el debate de fondo, que es la inconstitucionalidad del poder judicial que engendra el nuevo Estatuto catalán. Añadió que Luis Aguiar ha coincidido en sus críticas a la elaboración del estudio con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, o con dirigentes del PSOE como Alfonso Perales.
El vocal Luis Aguiar, por su parte, puso de manifiesto la "coincidencia" de la mayoría conservadora del CGPJ con "las tesis sostenidas por el Partido Popular". Opina que el estudio ha sido irregularmente gestado, con carencia manifiesta de competencias para hacerlo, invadiendo competencias del Parlamento, e instrumentalizando al CGPJ, por lo que constituye una manifiesta ilegalidad.
Polémica por la designación de Requero como ponente
Un capítulo aparte de la bronca entre los dos sectores del Consejo por este tema fue la discusión sobre si Requero fue formalmente designado ponente o no del estudio, es decir, encargado de redactarlo, en la anterior reunión de la Comisión. En la reunión de este jueves, Aguiar impugnó el acta de la anterior Comisión, por reflejar que Requero fue nombrado ponente. Según Aguiar, la letrada jefe del Servicio de la Comisión de Estudios admitió ayer, miércoles, ante él y ante el secretario general del Consejo (fedatario de la institución), que en dicha reunión no se designó ponente del estudio ni a Requero ni a ningún otro vocal. Sin embargo, la letrada señaló que, aunque no había escuchado esa designación de Requero, había entendido que sí se había producido. El presidente de la Comisión, Adolfo Prego, y Aguiar, entablaron una discusión al respecto, ya que el primero sostuvo que fue él personalmente quien encargó la ponencia a Requero. Para resolver el incidente, se votó el contenido del acta, que fue aprobada por 3 votos a 1.
El voto en contra fue de Aguiar, que impugnó el documento al insistir en que Requero no fue nombrado Ponente, lo que constituye una irregularidad más, en su opinión, en relación a este estudio.Por su parte, Requero defendió que sí le fue encargada la ponencia, y apoyó también la competencia del CGPJ para realizar un estudio de este tipo, como recordó que se ha hecho en ocasiones anteriores respecto de la Constitución Europea o el Libro Blanco de la Justicia. Añadió que han hecho el estudio por respeto a los jueces, y que se trata de un análisis jurídico y no político del Estatuto. De la misma opinión fue el portavoz del Consejo, Enrique López, quien echó de menos que en la Comisión no se hubiese producido un debate de fondo sobre el Estatuto debido a la ausencia de los vocales de la minoría, y se quejó de las descalificaciones que ha recibido el CGPJ desde el Gobierno por hacer este informe. Manifestó que éste no es un tema de partidos políticos sino de defensa de la Constitución.
El informe advierte 17 tachas de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatuto catalán que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados. El documento concluye que el proyecto de Estatuto "es inconstitucional porque asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal", que "tendría su propio órgano de gobierno, crearía sus propios tribunales, determinaría la demarcación judicial, seleccionaría a sus propios jueces y contaría con su propio tribunal de casación para toda jurisdicción y cualquiera que sea la norma aplicada, estatal o autonómica".
Según Requero, la propuesta de crear un Consejo de Justicia de Cataluña "es inconstitucional desde el momento en que un Estatuto de Autonomía regula el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único, de ámbito nacional y exclusiva titularidad estatal. Propicia un régimen gubernativo judicial sólo para una parte de España, rompiendo su unidad", añade. También destaca que es inconstitucional porque desborda el marco para el que nacieron las autonomías, que fue la gestión de sus respectivos intereses, "para decirle al Estado cómo quiere que se regule el gobierno del Poder Judicial en Cataluña".