L D (Agencias) El primero de los procesados en cruzar el arco de seguridad del pabellón fue el ex parlamentario de HB, José María Olarra Agiriano, que exhibió el denominado "DNI vasco", por lo que los agentes de la Policía encargados de acreditar a los acusados procedieron a sacar su ficha policial y cotejar su identidad con ella antes de permitirle el acceso a la sala.
Olarra, para quien el fiscal solicitará 15 años de prisión por el delito de integración en organización terrorista, está acusado de haber realizado personalmente labores de enlace para ETA con sus miembros huidos de la Justicia. Además de los procesados, todos los cuales llevan una camiseta que dice "18/98. Por los derechos civiles y políticos", en los autocares procedentes del País Vasco se desplazaron, entre otros, el portavoz de Batasuna-ETA y ex parlamentario vasco Joseba Permach y el ex director del periódico Egungaria, clausurado en febrero de 2003, Marcelo Otamendi.
A continuación entraron los letrados que ejercen la acusación en nombre de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Precisamente, los más madrugadores con diferencia fueron los miembros de esta asociación que asistieron como público. Entre las personas que se desplazaron a la Casa de Campo para asistir a la primera sesión del juicio se encontraba también el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para acompañar al fiscal adscrito al caso, Enrique Molina.
La vista contra el entorno de ETA juzgará a 56 miembros de la izquierda abertzale procesados por su presunta vinculación con la banda terrorista y por varios delitos fiscales y contra la Seguridad Social. El Fiscal encargado del caso, Enrique Molina, pide para todos ellos un total de 946 años de prisión. Se trata de los responsables de KAS y Ekin (considerados parte de la banda terrorista) y del aparato internacional, Xaki, así como de la Fundación Joxemi Zumalabe, que promovió distintas iniciativas encaminadas a la desobediencia civil, como la utilización del DNI vasco. Es el más importante de los realizados contra el entorno de ETA, no sólo por el número de acusados, sino también por abarcar a todas las principales plataformas batasunas.
El responsable de KAS, aparato político de ETA, que posteriormente fue reemplazado por Ekin, explicó que se negaba a contestar a las preguntas del fiscal Enrique Molina y de la acusación popular que ejerce la AVT, al considerar el iniciado hoy como un "juicio político".