L D (Agencias) La Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO aprobó este martes, por unanimidad, una resolución de cinco puntos sobre el Real Decreto Ley de modificación de la Ley del Patrimonio sindical acumulado de 8 de enero de 1996. En ella, tal y como explicó en rueda de prensa Fidalgo, se asegura en su punto primero que el procedimiento de aprobación del Real Decreto –el pasado 28 de octubre– fue "no conforme a los mínimos hábitos democráticos de los que el Gobierno tiene a gala presumir".
Por ello, CCCO considera necesario denunciar tanto el "sigilo" con que se llevó a cabo la gestación, sin informar a quien por ley viene obligado a hacerlo –la Comisión Consultiva Nacional de Patrimonio Sindical–, como el momento elegido para su aprobación. Al respecto, Fidalgo recordó que en estos momentos tanto su sindicato como UGT están negociando con el Gobierno y con la patronal CEOE-CEPYME una reforma del mercado laboral y del sistema de protección social. Por esta razón, en la declaración se advierte de que la "sorpresiva e injustificada" decisión del Gobierno, en medio de un proceso de negociación en que el Gobierno es parte "principalísima", "contamina" el proceso y extiende "un velo de duda sobre la imprescindible legitimación social que dichos procesos requieren".
Esto no conllevará, sin embargo, que CCOO abandone las mesas de negociación en las que está presente, ni la "ruptura" de la unidad sindical con UGT, subrayó el secretario general. En este sentido, Fidalgo censuró que el "pivote" del diálogo social por parte del Gobierno, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, haya participado en la decisión de modificar la Ley de Patrimonio sindical. Su critica se debe a que Gómez fue también el "gestor" de que UGT consiguiera entre 1993-94 créditos, por valor de 64,3 millones de euros, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la crisis de la Cooperativa de Viviendas PSV.
Esto no conllevará, sin embargo, que CCOO abandone las mesas de negociación en las que está presente, ni la "ruptura" de la unidad sindical con UGT, subrayó el secretario general. En este sentido, Fidalgo censuró que el "pivote" del diálogo social por parte del Gobierno, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, haya participado en la decisión de modificar la Ley de Patrimonio sindical. Su critica se debe a que Gómez fue también el "gestor" de que UGT consiguiera entre 1993-94 créditos, por valor de 64,3 millones de euros, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la crisis de la Cooperativa de Viviendas PSV.
La central que lidera José María Fidalgo critica duramente la actitud del Gobierno en este asunto, y es especialmente contundente con Valeriano Gómez. A este respecto la resolución de CCOO dice textualmente: "Queremos llamar la atención sobre la irregularidad y falta de respeto a cualquier principio ético que representa el hecho de que el principal gestor de la quiebra económica relacionada con este hecho, sea uno de los impulsores de la medida que criticamos y el más directo responsable en representación del Ministerio de Trabajo de la negociación que sobre la reforma laboral se está desarrollando". No obstante, Fidalgo precisó que con esta denuncia sólo se quiere censurar al Gobierno, porque "nosotros nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos a la devolución, a sus legítimos dueños, de cualquier patrimonio incautado en la Dictadura".
En la declaración de la Comisión Ejecutiva también se pide la creación de una Comisión Parlamentaria que estudie "fehacientemente tanto la titularidad del patrimonio histórico (edificios incautados), como la del patrimonio acumulado (el resultante de las cuotas pagadas por los trabajadores)".
En la declaración de la Comisión Ejecutiva también se pide la creación de una Comisión Parlamentaria que estudie "fehacientemente tanto la titularidad del patrimonio histórico (edificios incautados), como la del patrimonio acumulado (el resultante de las cuotas pagadas por los trabajadores)".