L D (Agencias) En una rueda de prensa, José María Fidalgo señaló que en el documento presentado también se refleja que en las cuentas corrientes "queda sin poder determinarse la vinculación del titular de la cuenta con la organización sindical o no queda acreditada la incautación por no constar la ficha de desbloqueo".
Así, el secretario de CCOO desveló que su sindicato se ha puesto en contacto con todos los partidos políticos para instarles a que "no apoyen" este Real Decreto Ley, ya que el Estado no puede otorgar a nadie como devolución del Patrimonio Sindical Histórico "lo que documentalmente no se puede acreditar como tal". Según Fidalgo, "muchos de los grupos políticos desconocían el texto" revelado por CCOO, al tiempo que calificó este Real Decreto como "un atentado contra el derecho a la libertad sindical" por "pretender subsidiar de manera artera, con el erario público, a una organización sindical y no restituir un patrimonio cuya acreditación en la memoria justificativa pone en duda".
Fidalgo también pidió la creación de una Comisión Parlamentaria que estudie "fehacientemente tanto la titularidad del patrimonio histórico (edificios incautados), como la del patrimonio acumulado (el resultante de las cuotas pagadas por los trabajadores)". Por ello, el dirigente sindical calificó esta iniciativa del Gobierno de "injustificada y reprobable" y señaló la preferencia de su sindicato porque "no haya que recurrir a litigios jurídicos" para resolver este asunto, por lo que recalcó la necesidad de que el Parlamento vote en contra de esta medida.
UGT responde que todo está acreditado
Poco después, UGT respondía a Fidalgo que tiene "plenamente acreditada" ante la Administración del Estado la titularidad de los bienes que le fueron incautados durante la República y la Guerra Civil y dejó claro que el sindicato "no ha reclamado ni va a reclamar nada que no le haya pertenecido". "Las afirmaciones de la dirección de CCOO no tienen fundamento y son radicalmente falsas", subrayó el sindicato, que agregó que la restitución del patrimonio expoliado a UGT "no es un atentado contra la libertad sindical", sino un acto de reparación de la misma.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, apoyó dicha devolución porque, a su juicio, responde "a un criterio de justicia", aunque reconoció que "como ministro del ramo no debo entrar en polémica alguna". Según el titular de Trabajo, la dictadura franquista incautó "injustamente" un patrimonio de una organización representante de los derechos de los trabajadores. En cuanto a la polémica que ha suscitado esta devolución entre CCOO y UGT, Caldera rechazó que pueda afectar al diálogo social.