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De la Vega elude condenar los ataques a la COPE y "El Mundo" esgrimiendo su versión del caso Sogecable

De la Vega eludió este miércoles defender la libertad de expresión de la COPE tras la campaña de acoso iniciada por el ministro Montilla. Preguntada por Eduardo Zaplana sobre los ataques a esta emisora e insultos a sus profesionales, la vicepresidenta, tras quejarse de las críticas del PP a Zapatero, justificó las amenazas de Montilla. "De qué medios me habla, de aquellos que (ustedes) intentaron amedrentar, silenciar y hasta encarcelar", en clara alusión a la versión del PSOE sobre el caso Sogecable que, lejos de costar la cárcel a Polanco, acabó con la carrera del juez Gómez de Liaño. Para Zaplana, el problema es que los socialistas "creen que pueden gobernar sin controles".

De la Vega eludió este miércoles defender la libertad de expresión de la COPE tras la campaña de acoso iniciada por el ministro Montilla. Preguntada por Eduardo Zaplana sobre los ataques a esta emisora e insultos a sus profesionales, la vicepresidenta, tras quejarse de las críticas del PP a Zapatero, justificó las amenazas de Montilla. "De qué medios me habla, de aquellos que (ustedes) intentaron amedrentar, silenciar y hasta encarcelar", en clara alusión a la versión del PSOE sobre el caso Sogecable que, lejos de costar la cárcel a Polanco, acabó con la carrera del juez Gómez de Liaño. Para Zaplana, el problema es que los socialistas "creen que pueden gobernar sin controles".
(Libertad Digital) El diputado popular dijo a De la Vega que "ustedes creen que cuando se ejerce el poder no hay límites, y la democracia es justo lo contrario. El poder está siempre sometido a controles, al del Parlamento, al de los jueces, a los que no se puede atacar y amenazar como ustedes hacen, y también a la prensa, que es necesariamente crítica con el Gobierno y con la oposición".
 
Zaplana calificó de "inadmisibles en un sistema democrático" los ataques del Gobierno a algunos medios de comunicación, "no sólo amenazando la supervivencia de las empresas, sino llamándoles sembradores del odio, amorales, caverna mediática, mentirosos". El portavoz del PP recordó que esta situación es sólo una continuidad de cuando en tiempos de Felipe González se les calificaba de "gusanos goebbelsianos" o "vendaval antidemocrático".
 
"El problema no son los periodistas, es que ustedes creen que pueden gobernar sin controles. El responsable regulador –en referencia a Montilla- no puede amenazar a medios e insultar a sus profesionales, el problema de nuestra democracia, desgraciadamente, vuelven a ser ustedes".
 
De la Vega no quiso referirse al caso concreto por el que se le estaba preguntando y se dedicó a quejarse de que el PP critique a Zapatero. "Incapaz, acomplejado, manipulador, cobarde, traidor han dicho ustedes del presidente de  todos los españoles", dijo la vicepresidenta, especialmente molesta con la calificación de Acebes de "gobierno churro".
 
La vicepresidenta acusó al PP de "falta de respeto institucional" y aseguró que los ciudadanos "sienten bochorno" de una oposición "de rabia e insultos". "O gobiernan ustedes o sólo vale la crispación, la sospecha sobre el funcionamiento de las instituciones y vilipendiar al presidente".
 
Sobre la pregunta realizada, De la Vega dijo que "la libertad de expresión es un derecho fundamental de todos y para todos en cualquier tiempo y lugar. ¿De qué medios me habla,  de aquellos que (ustedes) intentaron amedrentar, silenciar y hasta encarcelar. La libertad es muy importante y no se puede manosear al socaire de sus chascarrillos y ocurrencias", concluyó.
 
El caso Sogecable
 
En la denuncia original contra las empresas de Polanco se decía que desde el 1 de septiembre de 1991 hasta enero de 1996 Sogecable y Canal Plus actuaban como sociedades paralelas. En el Registro Mercantil constaba que el importe de los depósitos de los abonados en concepto de fianza por el uso de descodificadores figuraba contabilizado en el pasivo del balance de Sogecable. Después Canal Plus adquirió la totalidad de las acciones de Sogecable para acordar al día siguiente su disolución sin liquidación cediendo el global de activos y pasivos a Canal Plus que pasó a llamarse Sogecable. Según la denuncia, las fianzas de los abonados se utilizaron de forma irregular en la operación. El cobro del IVA se siguió gravando a los nuevos abonados produciendo ganancias por 5.500 millones de pesetas a costa del telespectador de pago.
 
En 1997 comenzó para Javier Gómez de Liaño un calvario que duró cinco años y le apartó de la carrera judicial. El juez Javier Gómez de Liaño ni siquiera llegó a instruir el caso Sogecable pero, a juzgar por la ofensiva judicial y mediática desatada, se estaba acercando mucho a la realidad sobre las fianzas de los descodificadores de Canal Plus. Juan Luis Cebrián, el propio Jesús Polanco y el juez Enrique Bacigalupo desencadenaron entonces un feroz ataque contra el magistrado que culminó en una condena por prevaricación. Tras el indulto decretado por el Gobierno no cesó el acoso. Los mismos jueces que lo condenaron se opusieron –amparados por la cuerda izquierdista del CGPJ– al reintegro de Liaño en la carrera judicial y el propio Polanco se jactaba de haber "librado a España de un juez como ese".
 
En junio del año 2001, el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, dijo que Javier Gómez de Liaño había sido condenado por el caso Sogecable "con menos derechos que un preso preventivo". De hecho, consideró que "no había motivos para condenarle, expulsarle y suspenderle. Si la Fiscalía de la Audiencia Nacional hubiese visto que cometió cualquier irregularidad o anomalía en el caso Sogecable, hubiéramos actuado independientemente de que fuera nuestro conocido". Años después, las palabras del fiscal se confirmaron. Fue precisamente cuando el fiscal Gordillo solicitó comisiones rogatorias en un paraíso fiscal cuando surgió de la imaginación de Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, que el juez Liaño estaba diseñando su prevaricación ayudado por periodistas. Se personaron en el juicio como acción particular el propio Cebrián, y su jefe Jesús de Polanco, defendidos por los abogados Horacio Oliva García, Antonio González Cuellar y Matías Cortes.

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