LD (Europa Press) Estas directrices fijan las reglas para seleccionar a las regiones que pueden beneficiarse de ayudas regionales y definen el tope máximo admisible. Se aplican a ayudas como las subvenciones directas a la inversión o los incentivos fiscales para las empresas. El Ejecutivo comunitario quiere que este tipo de subvenciones públicas se reduzcan y se concentren sobre todo en las zonas más pobres de los países del Este. No obstante, contempla periodos transitorios y flexibilidad para los antiguos Estados miembros.
Con las nuevas reglas, España pierde el 4,8 por ciento en la cobertura de población, según los datos de Bruselas. Durante el periodo 2007-2013, el 59,6 por ciento de la población española vivirá en regiones beneficiarias de este tipo de asistencia. De este porcentaje, la mayoría son los habitantes de las regiones objetivo 1 (Extremadura, Andalucía, Galicia, Castilla, con un PIB por debajo del 75 por ciento de la media comunitaria) y de Canarias. Estas regiones son las que podrán conceder un nivel de ayudas más altos: en concreto, Extremadura y Canarias podrán llegar hasta el 40 por ciento del total de inversión, mientras que Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha tienen un tope del 30 por ciento.
También se contempla la posibilidad de subvenciones nacionales para Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla, que son las comunidades autónomas que salen del objetivo 1 como consecuencia del efecto estadístico provocado por la ampliación. No obstante, para ellas el límite máximo se reduce del 30 por ciento al 20 por ciento de la inversión.
Para Castilla León y la Comunidad Valenciana se autorizan ayudas nacionales máximas de hasta el 15 por ciento de la inversión porque las dos regiones han salido del objetivo 1 de forma natural, por su propio crecimiento económico. Finalmente, se prevén subvenciones públicas de hasta el 15 por ciento para zonas de baja población, en concreto el este de Castilla León y el sur de Aragón.