L D (EFE) Clemente, que hizo estas declaraciones a Efe en un receso de la Conferencia sectorial de Cultura, destacó que es "importante" que los documentos permanezcan en Salamanca, ya que cualquier decisión posterior del Tribunal Constitucional "en la que dictara la nulidad de los artículos y diera marcha atrás en el proceso legal, sería inútil e ineficaz si la documentación ya ha salido de allí". En ese sentido, resaltó que, a partir del momento en el que la documentación salga de Salamanca y los particulares la tengan en su poder, "se perderá el rastro de dónde ha ido a parar".
La consejera recordó que la Ley de Patrimonio Documental de Castilla y León establece que el Ejecutivo central deberá comunicar a la comunidad autónoma cualquier decisión que se refiera a la salida de documentos, por lo que el Gobierno debe cumplir la legalidad vigente. En este sentido, la consejera se quejó de que Castilla y León se ha enterado por los medios de comunicación del día en que está prevista la salida de los documentos, el próximo 3 de enero, y consideró que éste no es el cauce de comunicación con el Gobierno regional.
"Si finalmente las prisas que tiene el Gobierno en esta cuestión le lleva a sacar los documentos atendiendo a los caprichos de Cataluña, deberá cumplir la Ley de Patrimonio Documental de Castilla y León que le obliga a comunicar la fecha y la hora de la salida de los documentos", apuntó.
La consejera recordó que la Ley de Patrimonio Documental de Castilla y León establece que el Ejecutivo central deberá comunicar a la comunidad autónoma cualquier decisión que se refiera a la salida de documentos, por lo que el Gobierno debe cumplir la legalidad vigente. En este sentido, la consejera se quejó de que Castilla y León se ha enterado por los medios de comunicación del día en que está prevista la salida de los documentos, el próximo 3 de enero, y consideró que éste no es el cauce de comunicación con el Gobierno regional.
"Si finalmente las prisas que tiene el Gobierno en esta cuestión le lleva a sacar los documentos atendiendo a los caprichos de Cataluña, deberá cumplir la Ley de Patrimonio Documental de Castilla y León que le obliga a comunicar la fecha y la hora de la salida de los documentos", apuntó.
La ministra dice que cumplirá la ley
Recordó que la Ley de Restitución a la Generalidad de los Documentos del Archivo de Salamanca, aprobada por el Congreso el pasado 19 de noviembre, fue elaborada con el asesoramiento de un comité de expertos y aprobada por todos los partidos políticos, a excepción del PP, e insistió en que "el Gobierno de la Nación no va incumplir esta ley". Sobre el día en que se llevará a cabo el traslado de dichos documentos, que la consejera de Castilla y León dijo desconocer de forma oficial, aunque se había enterado por los medios de que sería el 3 de enero, Calvo manifestó con indignación que "es que no hay fecha" e ironizó que si el presidente de Castilla y León conoce la fecha exacta "que me llame y me lo diga".
A continuación acusó al PP, partido que gobierna en Castilla y León, de "hacer política sobre la crispación, inventar problemas que no existen y enarbolar la bandera de la unidad de España" para lo que le conviene y, en este sentido, subrayó que "la unidad del patrimonio histórico de los españoles consiste en que no salga de las fronteras de España" y que para ella "Barcelona es España".
"El patrimonio cuando está en Salamanca está en España y cuando ésta en Barcelona está en España", apostilló la ministra, quien cuestionó la visión de la unidad de España "que tienen quienes tanto la defienden y tanto se envuelven en este concepto y luego piden al Gobierno que incumpla una ley aprobada por las Cortes Generales", concluyó en alusión al PP.