(Libertad Digital) Hace seis años, los grupos parlamentarios del PSC, PP e IC-V coincidieron en su crítica al Ejecutivo de CiU por su ataque a la libertad de expresión con su intervención sectaria en la renovación de las licencias de radio. La oposición reclamó al president Pujol que retirara el decreto anti-COPE antes de perder una votación en el Parlamento o que los tribunales dictaminaran en su contra.
En su blog en Internet, el actual portavoz adjunto del PP catalán, Daniel Sirera, recuerda cuál fue entonces la intervención de Josep María Carbonell, entonces diputado socialista y hoy presidente del polémico Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Carbonell, dirigiéndose al consejero de Presidencia de la época, Xavier Trias, dijo lo siguiente:
"La calumnia y la difamación son un delito. Si alguien cree que dice mentiras debe ir a los tribunales. Dígame, señor consejero, ¿quién es un gobierno para decidir qué es mentira y qué es verdad? En ningún sitio consta que un gobierno tenga estas atribuciones. De pronto, el presidente de la Generalitat se convierte en un censor y, además, en un censor ejecutivo. Hoy es la COPE, mañana puede ser cualquier otra emisora que no guste. Estas afirmaciones cambian la lógica de nuestro sistema democrático al introducir una forma de censura que no está prevista ni en la Constitución ni en ninguna de nuestras leyes. En Cataluña hace falta más libertad, más pluralidad en los medios de comunicación públicos y privados. Debemos romper silencios y favores que podrían pudrir las aguas del oasis. Nosotros queremos un país de puertas abiertas, un país que quiere ser más libre y aireado y para serlo necesitamos más libertad y pluralismo en los medios de comunicación. Esto, Consejero, es lo que está en juego".
Si uno acude a la hemeroteca de la agencia EFE encuentra un teletipo fechado en Barcelona el 19 de mayo de 1999. En dicho teletipo se informa de las críticas de la oposición al Gobierno de Jordi Pujol por sus maniobras para cerrar la COPE. Y vuelve a aparecer el actual presidente del CAC, Josep María Carbonell. El entonces diputado socialista dijo hace seis años que el decreto de frecuencias que afectaba a las emisoras COPE como los dos posteriores relacionados con la radiodifusión demostraban la "intolerancia de la Generalitat" y un "cierto juego sucio en las reglas democráticas". "Espero que Cataluña no se convierta en un país de talibanes", sentenció en 1999 Carbonell.
El martes 20 de diciembre de 2005, poco después de aprobarse la Ley Audiovisual, el CAC presidido por Carbonell enviaba un informe en el que acusaba a la COPE de vulnerar la Constitución. El Gobierno tripartito pedía una respuesta "contundente" contra la emisora de radio y advertía de que "adjuntaría" el informe del CAC al expediente administrativo correspondiente que tiene todo medio de comunicación que ha obtenido una licencia pública de emisión.