Las mismas fuentes justificaron la tardanza en adoptar una decisión sobre la medida "cautelarísima" acordada por el tribunal el pasado viernes, conforme solicitaba el Ayuntamiento de Salamanca en su recurso, en la complicidad del tema discutido y en la necesidad de que la resolución que finalmente tomen sea la más ajustada a derecho que sea posible.
Durante la vista celebrada el miércoles, ej jefe de la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, Manuel Pacheco, pidió al tribunal que levante la medida "cautelarísima" acordada, porque mantenerla supone en la práctica no aplicar la ley aprobada por el Parlamento español para restituir los documentos incautados durante la Guerra Civil al Gobierno catalán. Añadió que si finalmente se comprobara que algún papel no pertenece a la Generalidad podría ser restituido al Archivo salmantino.
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Salamanca, José María Benavente, solicitó que se mantenga la medida, ya que la salida de documentos del Archivo General de la Guerra Civil se ha realizado sin respetar la propia ley 21/2005, aprobada por el Congreso de los Diputados para restituir al Ejecutivo catalán los documentos incautados durante la Guerra Civil. En su opinión, en las 500 cajas enviadas hay documentos que no pertenecían al Ejecutivo catalán.