(Libertad Digital) En nota de prensa el PP señaló que Luis de Grandes agradeció la presencia en la audición de Felipe Solano en representación de la asociación que reúne a las familias de las víctimas del incendio ya que "por fin han podido hablar ante las instituciones, cosa que se les ha negado en España, y a pesar de las múltiples zancadillas que algunos han intentado poner para que tampoco pudieran hacerlo aquí" y, alabó además,"su espíritu constructivo porque han venido presentando propuestas".
El eurodiputado adelantó que el PP intentará que el informe del Parlamento Europeo sobre el tema recoja el mayor número de las sugerencias realizadas por los familiares de las víctimas y, en cualquier caso, pedirá que en el futuro los fondos europeos puedan atender las necesidades de todas ellas.
Por su parte, la eurodiputada del PP Pilar Ayuso celebró también la intervención de Felipe Solano en la Eurocámara y puso de manifiesto dos de los aspectos más polémicos de la gestión anti-incendios de la Junta de Castilla-La Mancha que quedaron en evidencia en Bruselas. En concreto, las condiciones del plan rector de gestión del Parque Natural del Alto Tajo, que no sólo impide la apertura de cortafuegos, sino que sólo destina una cantidad "ínfima" a financiar tareas de prevención; y por otro lado la existencia de un cuasi-monopolio de la sociedad estatal "Tragsa" para los trabajos de limpieza de montes y extinción de incendios en España, que a su vez subcontrata a otras empresas.
En su intervención en la audición, Felipe Solano reclamó a los responsables de Mercado Interior de la Comisión Europea la apertura de una investigación sobre las condiciones del contrato público a Tragsa y de las subcontratas por designación directa que luego realiza esta, ya que en su opinión podría ser contrario a los principios de libre mercado y de transparencia en la contratación pública que regulan las directivas europeas.
En la audición pública, un representante de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea confirmó que el Gobierno español nunca solicitó financiación alguna con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE sobre Catástrofes Naturales para paliar los daños causados por la sequía el año pasado en España, a pesar de lo anunciado entonces por el Psoe.