L D (Europa Press) El auto explica que Álvarez, que se negó a declarar ante el magistrado, fue citado por un error de la Guardia Civil que este miércoles fue subsanado, ya que en un informe le situaba junto a Arnaldo Otegi y Juan María Olano en la rueda de prensa que ambos dieron el pasado día 5 convocando a la huelga del día 9. La convocatoria se realizó un día después de que el diario "Gara" publicara un comunicado de ETA que hacía un llamamiento a la movilización general. Olano ingresó en prisión incondicional el pasado día 15, y previsiblemente ocurrirá lo mismo con Otegi el próximo viernes, día en el que está prevista su declaración si su estado de salud se lo permite.
El auto señala que no consta que la intervención de Álvarez, que está procesado por integración en organización terrorista en esta causa, en la se investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, controladas por Batasuna, "fuera directa en la materialización de los hechos criminales, en el sentido de su planificación, más cuando sólo puede datarse su presencia en una rueda de prensa de 28 de febrero de 2006, sin intervención en ninguno de los actos, ni ruedas de prensa celebradas con posterioridad". El juez añade que ello, "principalmente, tras los primeros actos de kale borroka verificados el 3 de marzo de 2006 en Santurce y Portugalete. Es decir, no cabe imputarle relación directa cierta con ninguno de los hechos criminales, ni siquiera en su ideación, verificándose su presencia única y exclusivamente el 28 de febrero".
Tras la rectificación de la propia Guardia Civil, el juez explica que, independientemente del procesamiento que ya tiene Álvarez en esta causa, no ha incumplido sus obligaciones, y no consta con una mera seriedad que haya reiterado su actividad delictiva. Durante la comparecencia, los fiscales Juan Moral y Jesús Alonso no solicitaron ninguna medida cautelar para Álvarez, al igual que hizo la semana pasada con los demás imputados por los actos violentos de la huelga. La acusación que ejerce Dignidad y Justicia en la causa, solicitó una fianza de 300.000 euros. En cambio la acusación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitó el ingreso en prisión incondicional de Álvarez.
Por su parte, fuentes jurídicas indicaron que el secretario general del sindicato LAB ya ha abonado la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez el pasado jueves, mientras que el dirigente de Batasuna Pernando Barrena dispone aún hasta las 20.00 horas de mañana para pagar la de 200.000 euros que se fijó para él. En cambio, el juez decretó prisión incondicional para el ex responsable de Gestoras pro Amnistía Juan María Olano y el responsable de comunicación de Batasuna, Juan José Petrikorena. Por otra parte, antes de entrar en el Juzgado, Álvarez se mostró muy optimista con la tregua de ETA y declaró ante varias personas que ahora era el momento apropiado para que llegara a buen término.
El magistrado señala en el auto los actos cometidos durante la huelga "fueron instados y organizados directamente por la ilegalizada Batasuna, frente político-institucional de la organización terrorista ETA, en coordinación con el frente de masas de la ultima constituido principalmente por las ilegalizadas Jarrai-Haika-Segi y siguiendo los dictados de ETA; habiendo ocupado un puesto principal en su decisión y planificación distintos miembros de la ilegalizada Batasuna, así como de Gestoras pro Amnistía, asociación cuyas actividades han sido declaradas igualmente ilícitas". El auto en el que el juez citaba a declarar a los dirigentes de Batasuna, afirmaba que "se han producido en distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes una pluralidad de hechos delictivos: colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas..., que ha puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional". El magistrado consideraba a los imputados inductores de estos actos.
En este sentido, el juez explicaba que la jornada, "que se denominaba de 'huelga', sin justificación conocida", excepto "el fallecimiento de (los miembros de ETA) Igor Angulo y Roberto Saiz Olmos, no venía avalada por partido político legalmente constituido, y como tal, residente de un interés social constitucionalmente reconocido". "Si bien es cierto -precisaba el magistrado-, que en cierta medida viene auspiciada por el sindicato LAB, su propio lema 'Dispersión asesina' no encaja suficientemente con los principios que de forma esencial deben regir la actuación de organización de tal naturaleza de los derechos de los trabajadores". Agregaba que "buena prueba" de ello es que la huelga fue anunciada por Otegi y Pernando Barrena los pasados días 5 y 7, mientras que representantes de LAB se limitaron a apoyar el llamamiento público.
