Mientras perdure un proceso como el actual los policías, guardias civiles, magistrados y fiscales deben proseguir su trabajo contra el terrorismo de ETA y en servicio de la Justicia
Bilbao. 23 de marzo de 2006. Mientras que el Gobierno lleve a cabo las tomas de contacto con la banda o bien retome los que ya hubiese establecido, ETA y su entorno siguen siendo una organización criminal estructurada y avituallada para cometer nuevos atentados en cualquier momento, por lo que constituyen todavía una grave amenaza para los ciudadanos y para la vida democrática del país.
La justicia para con las víctimas y el objetivo de ahondar la actual debilidad de la banda hasta hacerles asumir su derrota, exigen que durante todo este proceso:
- las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prosigan sin interrupción las labores de investigación y detención de los etarras y de sus colaboradores, no solo de los comandos sino también de las tramas de financiación, aprovisionamiento, relaciones internacionales y otras;
- estas mismas Fuerzas han de seguir practicando la colaboración policial con países como Francia, para impedir la constitución de santuarios y evitar que puedan realizar las funciones de entrenamiento y logística en dichos territorios, de cara a posibles nuevos atentados;
- los jueces, magistrados y fiscales tienen que mantener su actividad de juzgar sin dilación los sumarios ya instruidos para la fijación de las respectivas sentencias; pero también sigue siendo una obligación esencial instruir los nuevos sumarios y tomar las medidas cautelares conforme a lo que establece la Ley, particularmente cuando bastantes dirigentes batasunos están citados en la Audiencia Nacional en los próximos días y semanas.
En definitiva, los instrumentos del Estado de Derecho para preservar la ley y el orden y combatir a los terroristas han de mantenerse plenamente activos en todo momento, si se quiere evitar que este proceso conduzca, perversamente, a un profundo debilitamiento del Estado.
Ayer, nada mas conocerse el anuncio del alto el fuego, el Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido, reaccionó de una manera tan contundente como equivocada. Declaró formalmente que desde ese momento la Fiscalía “tendrá en cuenta (en sus actuaciones) las nuevas circunstancias” derivadas del comunicado de ETA. Además, se permitió inmiscuirse en las responsabilidades de jueces y magistrados al proponerles abiertamente que también ellos tomen en cuenta estas “nuevas circunstancias”. Con este nuevo sometimiento servil a los planes políticos del Gobierno Conde-Pumpido ha vuelto a mostrar su desprecio hacia la legalidad y su total inadecuación para este importante cargo.
Por su parte, el dirigente de la ilegalizada Batasuna, Pernando Barrena, insistió ayer en rueda de prensa en San Sebastián en una de las exigencias contenidas en el comunicado de ETA: “que cesen todas las medidas represivas” (esto es, actuaciones judiciales y policiales) contra la izquierda abertzale.
La línea de actuación firme y decidida de las instituciones estatales frente a los terroristas que ahora propugna el Foro Ermua, es la misma que ya practicó el Ministerio del Interior durante la tregua de septiembre de 1998 a noviembre de 1999. En esos meses se detuvieron a 45 terroristas y prosiguió la extradición de etarras desde Francia; entre los apresados figuraron dirigentes tan relevantes como José Javier Arizkuren Ruiz, "Kantauri", y el conjunto del comando Donosti.
Muy distinto fue el comportamiento de la Ertzaintza que continuó sin hacer prácticamente ninguna detención, como correspondía a las directrices de sus mandos nacionalistas. Mas grave aún fue la decisión tomada por la Consejería de Interior de desmontar por completo las unidades especializadas en la lucha antiterrorista. Por otra parte, tanto los representantes del Gobierno vasco como del PNV criticaron airadamente una y otra vez las detenciones que practicaban la Policía Nacional y la Guardia Civil por “entorpecer el proceso de paz” … igual que ahora están haciendo no pocos dirigentes del PSE , quienes emulan la postura tradicional de los nacionalistas vascos –antes denostada por ellos-.
Durante aquellos 14 meses de tregua tampoco se conoció paralización alguna de las instrucciones sumariales ni de las respectivas vistas orales; las sentencias se siguieron adoptando según llegaba su momento.