LD (Agencias) El juez Zenón Rodríguez, de la ciudad de Santa Cruz, determinó además que el presidente de Andina, filial de Repsol YPF, el español Julio Gavito, y su gerente de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, no podrán salir de Bolivia y tendrán que presentarse una vez al mes ante los fiscales del caso.
Se les acusa de una exportación irregular de crudo de 7,7 millones de euros, presuntamente cometida por Andina entre junio de 2004 y julio de 2005, según una demanda presentada en febrero por la Aduana.
Tras varias semanas de eludir a la fiscalía, los ejecutivos fueron detenidos en la madrugada de este miércoles en la Policía Técnica Judicial (PTJ), tras prestar una declaración de casi seis horas ante los fiscales José Centenaro, Ángel Álvarez y Alberto Cornejo.
El abogado de los ejecutivos, Abel Montaño, dijo que la decisión del juez era "una muestra de que el ministerio publico exageró" su actuación, mientras se apresuraba a concretar en la PTJ los tramites para liberar a sus clientes. Los fiscales pidieron que Gavito y Sánchez permanecieran detenidos, preventivamente, mientras siguen las investigaciones, y aludieron al gran poder económico de Repsol YPF como argumento contra la libertad bajo fianza.
Al terminar la vista de medidas cautelares, Centenaro manifestó a los periodistas que la actuación de la fiscalía estuvo "enmarcada en el campo legal", y que las investigaciones continuarán citando a otras personas para aclarar el delito de contrabando imputado a los ejecutivos de Andina. "Nosotros respetamos la decisión judicial, pero obviamente no podemos desconocer los hechos de conocimiento público que han motivado la investigación", apuntó Centenaro.
Se les acusa de una exportación irregular de crudo de 7,7 millones de euros, presuntamente cometida por Andina entre junio de 2004 y julio de 2005, según una demanda presentada en febrero por la Aduana.
Tras varias semanas de eludir a la fiscalía, los ejecutivos fueron detenidos en la madrugada de este miércoles en la Policía Técnica Judicial (PTJ), tras prestar una declaración de casi seis horas ante los fiscales José Centenaro, Ángel Álvarez y Alberto Cornejo.
El abogado de los ejecutivos, Abel Montaño, dijo que la decisión del juez era "una muestra de que el ministerio publico exageró" su actuación, mientras se apresuraba a concretar en la PTJ los tramites para liberar a sus clientes. Los fiscales pidieron que Gavito y Sánchez permanecieran detenidos, preventivamente, mientras siguen las investigaciones, y aludieron al gran poder económico de Repsol YPF como argumento contra la libertad bajo fianza.
Al terminar la vista de medidas cautelares, Centenaro manifestó a los periodistas que la actuación de la fiscalía estuvo "enmarcada en el campo legal", y que las investigaciones continuarán citando a otras personas para aclarar el delito de contrabando imputado a los ejecutivos de Andina. "Nosotros respetamos la decisión judicial, pero obviamente no podemos desconocer los hechos de conocimiento público que han motivado la investigación", apuntó Centenaro.
El PP pedirá al Gobierno que explique si llegó a un pacto con Morales
El portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, ha anunciado que su grupo va a solicitar la comparecencia en la Cámara Baja del jefe de la Diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, para que aclare si su Departamento había alcanzando un pacto con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para que dos ejecutivos de Repsol YPF acudieran voluntariamente a declarar ante la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra a cambio de que después fueran puestos en libertad.
En una rueda de prensa en el Congreso, De Arístegui aseguró tener "información fidedigna" de que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, había llegado a un acuerdo con Morales en este sentido, un pacto que "la Fiscalía boliviana no ha cumplido" puesto que el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez fueron detenidos tras prestar declaración.
De Arístegui denunció que este episodio "de suma gravedad" pone de manifiesto "la incapacidad del Gobierno para darse cuenta de lo equivocada que está su política exterior respecto de Iberoamérica" y le acusó de haber jugado un papel "esencial" en la consolidación de "posturas populistas" en Venezuela "y su extensión a otros países".
"Que sepa que cuando se llega a pactos con Gobiernos que no son de fiar, ocurre lo que ocurre. Se ha hecho una apuesta extraordinariamente arriesgada y cuando se hacen apuestas de este tipo, se suele perder", enfatizó el diputado 'popular'. En este sentido, exigió al Gobierno una "mayor implicación en la defensa de ciudadanos españoles que están siendo acusados, al parecer injustamente y que defienda los intereses de los ciudadanos y las empresas españolas en Iberoamérica".