LD (EFE) Según un comunicado de la firma, la sala penal primera de la Corte Superior de Distrito de la ciudad oriental de Santa Cruz perdonó este lunes el pago de 400.000 bolivianos (40.000 euros ó 48.036 dólares) y la obligación de presentarse ante un juez, que debían cumplir los directivos investigados.
El fallo es producto de una apelación de la compañía contra el dictamen del juez, que el pasado 15 de marzo dejó en libertad condicional al español Julio Gavito, ex presidente de Andina, la filial boliviana de la empresa, y al argentino Pedro Sánchez, su director de operaciones, después de retenerlos durante varias horas en una celda.
Sin embargo, el tribunal mantuvo la orden de arraigo dispuesta en su contra, la cual les impide abandonar el país mientras continúa la investigación, aunque dejó abierta la posibilidad de que puntualmente puedan salir del país si logran un permiso especial del juez. La nota de prensa explica que la sala penal justificó su decisión, al considerar que las medidas sustitutivas a la detención "eran excesivas y atentaban contra los derechos elementales" de los ejecutivos.
A la espera de que la Fiscalía concluya la investigación, iniciada hace más de un mes y que puede prolongarse por medio año, Gavito y Sánchez han sido imputados por los delitos de contrabando y falsificación de documento aduanero. Según la aduana, Andina exportó de forma irregular una cantidad de petróleo, valorada en 9,2 millones de dólares (unos 7,7 millones de euros) en el período comprendido entre junio de 2004 y julio de 2005.
En el comunicado, Repsol YPF reiteró que los directivos investigados, sobre los que no pesa todavía ninguna acusación formal, son inocentes. La semana pasada, Gavito presentó su renuncia para dedicarse a defender su inocencia y la de la compañía, aunque se mantiene vinculado a la entidad. En su lugar, ha sido nombrado Luis García Sánchez, hasta ahora director de la unidad de negocio de gas licuado de petróleo para Perú y Bolivia, con sede en Lima.
El fallo es producto de una apelación de la compañía contra el dictamen del juez, que el pasado 15 de marzo dejó en libertad condicional al español Julio Gavito, ex presidente de Andina, la filial boliviana de la empresa, y al argentino Pedro Sánchez, su director de operaciones, después de retenerlos durante varias horas en una celda.
Sin embargo, el tribunal mantuvo la orden de arraigo dispuesta en su contra, la cual les impide abandonar el país mientras continúa la investigación, aunque dejó abierta la posibilidad de que puntualmente puedan salir del país si logran un permiso especial del juez. La nota de prensa explica que la sala penal justificó su decisión, al considerar que las medidas sustitutivas a la detención "eran excesivas y atentaban contra los derechos elementales" de los ejecutivos.
A la espera de que la Fiscalía concluya la investigación, iniciada hace más de un mes y que puede prolongarse por medio año, Gavito y Sánchez han sido imputados por los delitos de contrabando y falsificación de documento aduanero. Según la aduana, Andina exportó de forma irregular una cantidad de petróleo, valorada en 9,2 millones de dólares (unos 7,7 millones de euros) en el período comprendido entre junio de 2004 y julio de 2005.
En el comunicado, Repsol YPF reiteró que los directivos investigados, sobre los que no pesa todavía ninguna acusación formal, son inocentes. La semana pasada, Gavito presentó su renuncia para dedicarse a defender su inocencia y la de la compañía, aunque se mantiene vinculado a la entidad. En su lugar, ha sido nombrado Luis García Sánchez, hasta ahora director de la unidad de negocio de gas licuado de petróleo para Perú y Bolivia, con sede en Lima.