Libertad Digital (Víctor Gago) El actual Gobierno de Canarias, por medio de su consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, señaló en mayo de 2004 al ex consejero socialista José Francisco Henríquez como cabecilla de “una trama dedicada a la extorsión de empresarios y políticos”, y amenazó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, con pedir una Comisión de Investigación en el Congreso que aclarase sus vínculos con las actividades de Henríquez.
Ahora, el juez de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón Bregolat, toma declaración este miércoles a José Francisco Henríquez, ex consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias presidido por Jerónimo Saavedra y ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como imputado en la supuesta trama de corrupción montada para adjudicar parques eólicos en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El primer hito de la persecución de una red de sobornos y tráfico de influencias ligada a la concesión administrativa de parques eólicos fue la detención, el pasado 9 de febrero, del ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, , del Partido Popular, de su novia, de cuatro empresarios y de un funcionario de la Consejería de Industria del Gobierno. Aunque el juez ha declarado secreto el sumario, informaciones periodísticas han descrito que el ex director de Industria pudo recibir distintos sobornos en una cuenta bancaria abierta a nombre de su novia en Luxemburgo, por dirigir las concesiones administrativas de nuevos parques eólicos a determinados empresarios que habrían accedido a pagarle. El Parlamento de Canarias ha creado una Comisión de Investigación sobre los hechos, a iniciativa del Partido Popular, que respondió a la detención de su ex alto cargo con su expulsión del partido.
Las conversaciones telefónicas del ex consejero del PSOE y el ex director general del PP sobre el concurso de parques eólicos, intervenidas por la Policía, han motivado la decisión del juez de imputar en la trama a José Francisco Henríquez. Su cuñado, José Antonio Lucendo, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Las Palmas, también ha sido implicado por el instructor del caso.
José Francisco Henríquez fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, durante la etapa de Juan Rodríguez Doreste (PSOE) como alcalde, y consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias presidido por Jerónimo Saavedra. Su supuesto liderazgo en tramas ilícitas ya había sido denunciado por el actual Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria. Su consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, acusó a Henríquez de ser el cabecilla de una red dedicada a la extorsión de empresarios y políticos. Mauricio llegó a amenazar con que su Grupo en el Congreso, presidido por Paulino Rivero, pediría la creación de una Comisión de Investigación para aclarar los vínculos del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, con esa supuesta trama, que opera a través del grupo de medios de comunicación presidido por el ex alto cargo socialista.
Henríquez es el principal accionista de un conglomerado mediático que incluye la edición del periódico gratuito “Metro Las Palmas”, un periódico digital y una emisora de radio ilegal. Sus prácticas recibieron el pasado 25 de octubre una condena judicial por “un delito continuado de calumnias con publicidad”, la primera de esta naturaleza que se dicta en Canarias durante la etapa democrática, por una campaña de difamación contra el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria.
La sintonía de la Dirección del PSOE con el conglomerado mediático de Henríquez llega al punto de una total identificación como vehículo oficioso de la propaganda socialista en Canarias y una presencia de altos cargos de la actual Administración de Zapatero en los órganos de administración de las empresas de Henríquez. Todos sus medios de comunicación están dirigidos por el mismo periodista, Carlos Sosa Báez, ex jefe de Prensa del PSOE canario. Y en su Consejo de Administración, se sienta como vicepresidente el actual delegado del vicepresidente Solbes en la Zona Franca de Gran Canaria, Antonio Aquilino Márquez, una actividad probablemente incompatible con su condición de alto cargo del Gobierno de Zapatero. El propio presidente del Gobierno y su ministro de Justicia han incluido al grupo mediático de Henríquez entre sus contactos preferentes en Canarias, durante algunas de sus visitas al Archipiélago.